El inicio del año 2026 en Punta Arenas está marcado por una profunda contradicción presupuestaria que ha indignado a los vecinos del sector sur. El Servicio de Urgencia (SAPU) de la población 18 de Septiembre cerró sus puertas durante enero y febrero, dejando sin atención médica inmediata a una de las comunidades más populosas de la capital regional.

La razón es un déficit de $90 millones de pesos que la Corporación Municipal (CORMUPA) no puede cubrir. Esta situación contrasta drásticamente con la aprobación de $850 millones destinados a actividades culturales para el mismo periodo, lo que desató un tenso debate en la última sesión del Concejo Municipal.

El fin de la "bicicleta" financiera

Históricamente, el municipio cubría estos vacíos de caja utilizando excedentes de otras áreas mientras esperaba los fondos del Ministerio de Salud (Minsal). Sin embargo, el Informe de Auditoría 522 de la Contraloría puso fin a esta práctica:

• Prohibición legal: Ya no se permite mover fondos de un ítem a otro para cubrir gastos operativos de salud.

• Retraso estatal: El Estado adeuda más de $5.226 millones a la comuna, y las transferencias suelen regularizarse recién en abril.

• Impacto en recursos humanos: La falta de liquidez obligó a terminar los contratos de 37 funcionarios de salud el pasado 31 de diciembre, cuya recontratación es incierta.

Cultura vs. Salud: La polémica del Concejo

Aunque el Concejo visó una subvención de $1.842 millones para la CORMUPA, los ediles cuestionaron que no se priorizaran los $45 millones mensuales necesarios para mantener el SAPU abierto, frente a los millonarios recursos asignados a la Fundación de Cultura.

Puntos críticos del conflicto:

1. Desprotección total: 18.000 usuarios del sector "18 de Septiembre" deberán trasladarse a otros centros de urgencia, colapsando el sistema restante.

2. Oficio presidencial: En un hecho inusual, el Concejo acordó de forma unánime enviar una carta al Presidente de la República para denunciar que el financiamiento de la salud primaria debe estar disponible el 1 de enero.

3. Incertidumbre laboral: Los equipos de salud desvinculados denuncian que esta interrupción afecta la continuidad de los tratamientos y programas preventivos.

“Es un descriterio. No podemos explicarle a un vecino que no tiene urgencia médica porque nos gastamos la plata en festivales mientras el Ministerio de Salud se demora cuatro meses en pagar”, señalaron desde el cuerpo de concejales.