Una verdadera "bomba" política y administrativa estalló ayer en el seno del Consejo Regional (CORE) de Magallanes. La auditoría externa realizada a los estados financieros del Gobierno Regional reveló que existen cerca de $60.000.000.000 (sesenta mil millones de pesos) cuyo registro contable presenta serias irregularidades, lo que impide dar certeza sobre su paradero administrativo.

El informe, presentado por el auditor Alejandro Inostroza, detalló que la cifra no corresponde necesariamente a dinero desaparecido, sino a un "desorden estructural" donde obras terminadas y fondos transferidos a terceros siguen apareciendo como cuentas abiertas por falta de gestión de cierre y rendición.

Los tres nudos críticos de la auditoría

La consultora identificó debilidades que han ido creciendo como una "bola de nieve" durante las gestiones de 2022 y 2023:

1. Cierre de Proyectos: Obras que ya están en uso por la comunidad siguen figurando como "en ejecución" en la contabilidad porque las divisiones internas no informan su término.

2. Rendición de Terceros: Fondos transferidos a instituciones o municipios que no han sido debidamente rendidos o liquidados.

3. Inventario de Bienes: Una falta de actualización sobre los activos y bienes de uso propiedad del Gobierno Regional.

La defensa de Flies: "Sistemas que no conversan"

El gobernador regional, Jorge Flies, reconoció la gravedad de los hallazgos pero descartó un uso indebido de los recursos. Atribuyó el problema a una obsolescencia tecnológica y burocrática.

"Hoy el jefe de Finanzas tiene que llenar cuatro sistemas contables que no conversan entre ellos. Estos sistemas no reportan todos los ítems que se ingresan. No hay que minimizar esto, necesitamos una modernización profunda", afirmó la autoridad regional.

Terremoto político: Amenaza de destitución

La explicación del gobernador no calmó los ánimos en el CORE. Por el contrario, algunos consejeros elevaron el tono de la crítica, comparando la situación con la que enfrentó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

• Rodolfo Arecheta (Consejero Prov. Magallanes): Fue el más duro al señalar que "se desconoce el destino de 60 mil millones de pesos y eso es gravísimo. Corresponde exigir responsabilidades políticas". Arecheta anunció que llevará los antecedentes a la Contraloría y dejó abierta la puerta para solicitar la destitución de Flies ante el Tribunal Electoral Regional (TER).

• Max Salas (Consejero Última Esperanza): Sostuvo que la magnitud del desorden es tal que la auditoría ni siquiera pudo ser concluyente en varios puntos por falta de información básica.