La Defensoría de la Niñez ha tomado cartas en el asunto frente a lo que califica como "riesgos inadmisibles" para la infancia en Chile. Tras revelarse que diversas instituciones del Estado mantuvieron en sus filas a personas con inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con menores de edad, el organismo anunció el envío de oficios a cada una de las entidades señaladas por la Contraloría General de la República (CGR).

La medida busca obtener respuestas concretas sobre el número exacto de personas en esta condición, el tipo de funciones que desempeñaban y, lo más crítico, por qué fallaron los filtros de seguridad al momento de las contrataciones.

Mecanismos de control: Una obligación legal ignorada

La Defensoría fue tajante al recordar que la ley chilena no es opcional. El Decreto Ley N.º 645 de 1925 obliga a todas las instituciones a verificar el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de contratar a cualquier profesional que tenga contacto habitual con niños, niñas y adolescentes (NNA).

Las exigencias del organismo son claras:

• Acciones correctivas: Conocer qué medidas se están adoptando hoy para desvincular a estos sujetos.

• Prevención urgente: Implementar mecanismos de control preventivo y obligatorio para que la consulta al registro de condenas sea sistemática.

• Responsabilidad administrativa: Determinar quiénes permitieron estas contrataciones, reflejando graves falencias en la gestión pública.

"Velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal. El incumplimiento de esta obligación compromete gravemente la protección efectiva de sus derechos fundamentales", declararon desde la Defensoría a través de un comunicado oficial.

Reunión clave con Dorothy Pérez

En un esfuerzo por cerrar las brechas de fiscalización, la Defensoría ha solicitado una reunión de carácter urgente con la contralora general, Dorothy Pérez. El objetivo es trabajar de manera colaborativa para asegurar que los sistemas de control del Estado no vuelvan a permitir que personas con antecedentes por delitos graves —especialmente de carácter sexual o violento— operen en colegios, centros de salud o programas sociales.

Para el organismo, estas faltas a la ley exponen a los menores a entornos vulnerables y demuestran una negligencia sistémica que debe ser subsanada de inmediato para garantizar la seguridad de la niñez en el país.