El diputado electo Alejandro Riquelme, impulsor de la auditoría externa al Gobierno Regional de Magallanes, realizó duras declaraciones luego de conocerse los resultados del informe elaborado por la consultora Fortunato y Asociados, el cual revela la existencia de más de $60 mil millones en recursos públicos sin respaldo contable claro entre los años 2022 y 2023.

En entrevista exclusiva, Riquelme calificó los hallazgos como una señal inequívoca de un desorden financiero profundo y sostenido, advirtiendo que la situación pone en riesgo directo el patrimonio regional.

Descontrol financiero y recursos sin respaldo

Según el informe, se detectaron cerca de $61 mil millones entregados como adelantos a instituciones públicas y privadas, los cuales podrían no ser recuperados debido a la falta de documentación y respaldo contable adecuado.

“Esto marca un antes y un después. Confirma con cifras técnicas lo que advertimos durante años: el GORE arrastra un desorden estructural. No son errores puntuales, es una forma de administrar recursos públicos sin controles efectivos”, afirmó Riquelme.

Responsabilidad política y administrativa

El parlamentario electo apuntó directamente a la responsabilidad del gobernador regional Jorge Flies, cuestionando la demora de cuatro años en el nombramiento del jefe de la Unidad de Control, lo que —a su juicio— dejó a la institución sin fiscalización efectiva entre 2021 y 2025.

Asimismo, aseguró que existió una estrategia deliberada para retrasar la auditoría, la cual fue aprobada en 2023 pero cuyos resultados recién se conocen en 2026.

"Mi convicción es que estos retrasos tuvieron un objetivo político claro: evitar que los magallánicos conocieran el desorden financiero y las faltas a la probidad antes de las elecciones de 2024”, sostuvo.

Posibles consecuencias

Consultado sobre las eventuales responsabilidades, Riquelme fue enfático en señalar que, con los antecedentes disponibles, se configuraría un notable abandono de deberes.

“La consecuencia jurídica y administrativa para este tipo de conductas es clara: la destitución. No existen sanciones intermedias ante una magnitud de irregularidades como esta”, afirmó.

Lo que viene

Finalmente, el diputado electo advirtió que la auditoría solo considera los años 2022 y 2023, por lo que llamó a poner atención a futuras revisiones.

“La gran pregunta es qué ocurrirá cuando se auditen los años 2021, 2024 y 2025. Todo indica que las irregularidades podrían aumentar de manera exponencial”, concluyó.