En un movimiento estratégico para dar respuesta a los cuestionamientos por la gestión administrativa y financiera, la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) presentó este miércoles a su nuevo Jefe de Control Interno, el auditor Juan Araya.

Su incorporación no es casual. Se da en un contexto de alta presión fiscalizadora y en medio de una reestructuración institucional que busca sanear las cuentas de la corporación. Araya llega con un perfil técnico de alto impacto, habiendo servido en la Policía de Investigaciones (PDI) y ocupado cargos de subdirección en hospitales públicos, lo que le otorga una mirada experta tanto en lo policial-administrativo como en la complejidad del sistema de salud.

La "Hoja de Ruta" contra el riesgo administrativo

Las funciones de Araya no serán meramente consultivas; tendrá el mandato de intervenir en la estructura operativa de la Cormupa bajo tres ejes prioritarios:

1. Diagnóstico Inmediato: Evaluar las debilidades actuales que han permitido retrasos o falta de claridad en la gestión de fondos.

2. Matriz de Riesgos: Identificar los puntos ciegos en los procesos de compra y contratación donde podrían ocurrir irregularidades.

3. Auditoría de Terreno: Implementar un programa de revisión sistemática en cada uno de los recintos asistenciales y educativos dependientes de la corporación.

Transparencia bajo la lupa de Contraloría

La secretaria general de la Cormupa, Elena Blackwood, fue clara al señalar que esta contratación es una respuesta directa a las observaciones de la Contraloría. "Necesitamos ordenar los procesos internos de manera urgente", enfatizó la autoridad.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich destacó que el objetivo final es la protección de los recursos públicos:

"Esta medida permitirá garantizar la transparencia y el buen uso de los fondos que benefician directamente a más de 112 mil usuarios de nuestra atención primaria de salud", señaló el edil.

La llegada de un profesional con formación en investigación criminalística y gestión hospitalaria se interpreta como una señal de "tolerancia cero" a las ineficiencias administrativas que han marcado las discusiones del Concejo Municipal en los últimos meses.

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