La crisis de la pesca artesanal en la Región de Magallanes ha escalado de una demanda sectorial a una denuncia por prácticas de mercado que rozan lo criminal. Los dirigentes Jorge Gallardo, Oscar Muñoz y Ricardo Millán visitaron los estudios de Pingüino Multimedia para alertar que la colusión en el precio de la centolla —proceso ya en manos de la justicia— es solo la "punta del iceberg" de una estructura diseñada para asfixiar al pescador independiente.

Los representantes gremiales expusieron con crudeza cómo el sistema de mercado regional estaría operando bajo acuerdos de pasillo que impiden la libre competencia y el pago justo por los recursos extraídos con esfuerzo en los canales australes.

Los pilares de la crisis: De la colusión al abandono estatal

Durante la conversación, los dirigentes desglosaron los cuatro puntos críticos que mantienen al sector en estado de alerta:

1. Manipulación en el precio de la luga: A pesar de ser un recurso con altísima demanda en mercados internacionales (especialmente en la industria alimentaria y cosmética), denuncian que las plantas locales han "planchado" el precio de compra, impidiendo que el pescador perciba las ganancias reales de la exportación.

2. El peligro de las cuotas: El gremio rechaza tajantemente la idea de "cuotificar" la centolla. Advierten que este mecanismo terminará entregando el patrimonio marino a las grandes industrias que tienen la capacidad logística de acaparar los permisos, desplazando definitivamente a la pesca artesanal.

3. Privilegios bajo la Ley Navarino: Acusan una falla institucional grave al no fiscalizar a empresas que gozan de beneficios tributarios por esta ley, pero que —según los dirigentes— no retribuyen justamente a los proveedores locales (los pescadores).

4. Pasividad de Sernapesca: Los dirigentes fueron enfáticos en criticar a los organismos del Estado. "No estamos revelando la pólvora, estamos diciendo que la colusión sigue vigente y nos está matando de hambre", sentenciaron, apuntando a una supuesta "ceguera voluntaria" de las autoridades ante las pruebas presentadas.

Llamado a la Fiscalía Nacional Económica (FNE)

Para Gallardo, Muñoz y Millán, la solución ya no pasa por mesas de diálogo locales que "no llegan a nada". El gremio espera que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) intervenga de manera decidida, utilizando las herramientas de investigación para desarticular los acuerdos de precios que, según denuncian, se coordinan entre las principales plantas procesadoras de la región.

La situación es límite. Con una temporada de centolla que ha dejado saldos amargos para quienes salen a navegar, los pescadores advierten que si no hay un cambio en las reglas del juego y una fiscalización real, la identidad misma de la pesca artesanal en Magallanes podría desaparecer.