La agrupación Mascota Alerta anunció que iniciará acciones legales contra la Municipalidad de Punta Arenas, fundamentadas en una presunta falta administrativa y de servicio. La decisión surge tras meses de denuncias por el abandono extremo de una perra pitbull y sus cachorros en un domicilio de la ciudad, caso que culminó con la misteriosa desaparición de los animales justo cuando se iba a ejecutar una orden judicial de rescate.

Los hechos se remontan a enero de 2025, cuando los vecinos comenzaron a reportar la situación de una canina que dio a luz a once cachorros en una vivienda deshabitada. Según los antecedentes, la falta de alimento, agua y atención veterinaria provocó que solo cuatro crías sobrevivieran. Actualmente, existe una profunda preocupación debido a que las hembras restantes se encontrarían nuevamente preñadas y en paradero desconocido tras una presunta filtración de información que permitió a los dueños retirar a los animales antes de la llegada de Carabineros.

Maltrato animal por omisión

Fernanda Palma, integrante de la Comisión Legal de Mascota Alerta, calificó la situación como un delito de maltrato animal por omisión. "Hace al menos seis meses los vecinos constatan que esta casa estaba deshabitada. Ayer se obtuvo la orden para ingresar, pero alguien tuvo que haber dado aviso para que retiraran a los animales", señaló Palma, quien enfatizó que este tipo de delitos, al ser una conducta continua, no pierde la flagrancia.

Por su parte, Gabriel Ceballos, fundador de la organización, explicó que el abandono no requiere de violencia física directa para ser punible. La omisión de cuidados básicos como la alimentación y la salud constituye una responsabilidad penal bajo la normativa vigente. "Vamos a denunciar a la Municipalidad por un desinterés absoluto que se demuestra con hechos", afirmó Ceballos, cuestionando la "tolerancia institucional" frente a estos casos.

El rol de la Ley 21.020

La denominada "Ley Cholito" establece que los municipios tienen el deber de fiscalizar las denuncias por tenencia irresponsable y coordinar acciones con la fuerza pública. En este sentido, las organizaciones animalistas sostienen que ha existido una falla estructural en la aplicación de la ley, donde la ausencia de una reacción oportuna por parte de las autoridades locales permitió que el maltrato se prolongara por casi un año.

El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad, que ve con impotencia cómo la burocracia y la falta de seguimiento impidieron el rescate de animales en riesgo vital. Mascota Alerta hizo un llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier antecedente sobre el paradero de los perros, advirtiendo que la protección animal no puede quedar sujeta únicamente a la presión social, sino que requiere un compromiso real de las instituciones del Estado.