A pesar de las cifras de excelencia —con un 86% de sentencias condenatorias—, el organismo advierte que la eficacia pende de un hilo. El diseño institucional, pensado para una realidad criminal ya superada, hoy enfrenta el desafío de procesar 14.000 investigaciones anuales con una dotación que no ha crecido al ritmo de las necesidades de la zona más extrema del país.

La paradoja de los Delitos Sexuales

Aunque en volumen representan solo el 6% de los ingresos totales de la fiscalía, su impacto en la gestión y los recursos es desproporcionado:

• Recursos de Protección: Demandan el 34% del presupuesto regional destinado a la protección especializada de víctimas.

• Complejidad: Requieren peritajes específicos, entrevistas videograbadas y un acompañamiento que excede con creces el tiempo dedicado a un delito común.

El auge de la Criminalidad Digital

El perfil del delito en Magallanes ha cambiado. Según el fiscal Oliver Rammsy, los delitos económicos y las estafas digitales ya representan el 30% de la carga regional.

• Ciberestafas: Este tipo de causas exige análisis de rutas bancarias, rastreo de IPs y cooperación internacional, tareas que consumen horas de trabajo técnico superior a los delitos convencionales de antaño.

• Sobrecarga: El Ministerio Público ha absorbido competencias que antes eran de la justicia militar o de nuevas leyes de familia, pero sin recibir nuevos nombramientos de fiscales o analistas.

Cifras Clave del Informe 2025

Análisis: El desfase institucional

Para la Asociación Nacional de Fiscales, el problema es de diseño. La estructura actual fue creada hace 20 años bajo parámetros de seguridad que ya no existen. "Es una carrera contra el tiempo para cumplir con la ley y proteger a las víctimas bajo una infraestructura que el Estado aún no actualiza", advierte Rammsy.

La preocupación radica en que la eficiencia actual se sostiene sobre el "sobreesfuerzo" del capital humano existente. Sin un incremento en la dotación de fiscales y profesionales de apoyo, los plazos legales —que son estrictos e improrrogables— podrían comenzar a comprometer la calidad de las investigaciones en el mediano plazo.