Tras cuatro años de gestión de Luis Thayer al frente del Servicio Nacional de Migraciones durante la administración de Gabriel Boric, la actual crisis administrativa ha quedado al descubierto. Según una investigación publicada por Bío Bío Chile, miles de extranjeros que cumplieron rigurosamente con los requisitos legales —residencia, trabajo y arraigo— se encontraron con un muro burocrático en la etapa final de su nacionalización.

El Reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del Sermig, documento al que tuvo acceso el citado medio, revela una cifra alarmante: 120.737 solicitudes de nacionalización se encuentran pendientes de resolución.

Paradoja administrativa: Menos demanda, más retraso

Uno de los puntos más llamativos del informe es que el estancamiento de expedientes aumentó un 20% respecto a 2024, a pesar de que el ingreso de nuevas solicitudes cayó un 19% en el último año. De acuerdo con lo reportado por BioBioChile, el sistema acumuló carpetas a un ritmo mayor del que lograba resolver, incluso cuando la presión de nuevos trámites disminuyó significativamente.

El "nudo" en los despachos de las autoridades

La investigación de Radio Bío Bío destaca un dato que ha generado profunda indignación: el retraso no se debió únicamente a la revisión técnica, sino a la falta de firmas de las altas autoridades del gobierno anterior.

Existen 22.896 expedientes que ya contaban con la aprobación técnica del Estado y solo aguardaban el último trámite administrativo. De ese total:

• 22.017 decretos estaban retenidos en el gabinete de la Subsecretaría del Interior.

• 752 documentos se encontraban en el gabinete ministerial.

• 127 expedientes estaban en proceso final de notificación.

El desafío para la nueva administración

Esta "herencia" administrativa recaerá directamente sobre los hombros del nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, el exdiputado Frank Sauerbaum. Al asumir su cargo, Sauerbaum se encontrará con casi 23 mil decretos listos para firma inmediata y una montaña de 120 mil solicitudes que esperan una respuesta del Estado chileno.

Especialistas consultados por el medio nacional advierten que este desorden administrativo no solo afecta los derechos de los extranjeros que buscan integrarse legalmente, sino que impide al Estado tener claridad absoluta sobre quiénes residen en el país en medio de la crisis de seguridad y control fronterizo que enfrenta la nación