En una reciente entrevista con T13, el Presidente José Antonio Kast confirmó que su administración se encuentra analizando técnicamente la entrega de indultos a agentes del Estado condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. El mandatario justificó la medida señalando que existe una asimetría entre quienes recibieron pensiones de gracia y los uniformados que hoy cumplen penas de cárcel.

“Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, declaró el jefe de Estado, subrayando que la facultad de indultar es una prerrogativa vigente que está decidido a ejercer.

"Hay que partir perdonando": El enfoque del Ejecutivo

El Presidente Kast reconoció que la medida puede ser dolorosa para quienes se consideran víctimas de la acción policial o militar, pero apeló a una mirada histórica para "cerrar las heridas" de dicho periodo. El mandatario enfatizó que el objetivo es recuperar la paz social a través del diálogo, aunque con un enfoque centrado en el respaldo a las instituciones de orden y seguridad.

A diferencia del proceso llevado a cabo por el ex-presidente Gabriel Boric —quien indultó a civiles condenados por delitos en las protestas—, el actual Gobierno pone el foco exclusivamente en los uniformados que actuaron bajo mandato estatal. Según Kast, esto busca corregir lo que su sector considera una persecución judicial injusta contra quienes intentaron restablecer el orden público.

Debate sobre el rol de las fuerzas de orden

Más allá de los indultos particulares, el mandatario planteó que esta revisión busca abrir un debate nacional más profundo sobre las consecuencias judiciales que enfrentaron carabineros y militares. La instrucción de revisar caso a caso ya está en manos de los equipos jurídicos de La Moneda, quienes deberán determinar qué condenados cumplen con los requisitos para recibir el beneficio.

La medida ya ha comenzado a generar reacciones transversales en el Congreso, donde parlamentarios de oposición cuestionan la señal de impunidad ante violaciones a los derechos humanos, mientras que el oficialismo respalda la decisión como un acto de "justicia reparatoria" para las fuerzas armadas.