El ente fiscalizador logró reconstruir los movimientos realizados el 23 de diciembre de 2025, los cuales se apartarían de los protocolos regulares de cualquier ciudadano:

• 10:00 AM: Manuel Nájera se comunica por diversas vías con el director del hospital (de vacaciones), la directora subrogante y el jefe de Urgencias (en feriado legal) para identificar a la paciente y avisar su traslado.

• 14:30 PM: Nájera se presenta personalmente en la oficina de la Dirección del Hospital del Salvador para anunciar el arribo de la ministra Aguilera al recinto.

• Resultado: En menos de seis horas, la paciente ya estaba admitida, con diagnóstico y exámenes en trámite, saltándose los tiempos habituales de la red pública.

El contraste de las listas de espera

Lo que hace más crítico el informe de Contraloría es la comparación con la realidad del resto de los usuarios del hospital en ese mismo periodo:

• Espera promedio: Pacientes con diagnósticos similares debían esperar cerca de 41 horas.

• Casos críticos: El informe detectó personas que llevaban más de 123 horas (5 días) aguardando por una cama básica.

• Dictamen: La CGR estableció que no existen antecedentes que justifiquen una "atención preferente" para la madre de la exministra por sobre otros ciudadanos en condiciones de salud similares o peores.

Posible infracción a la probidad

El organismo advirtió que el actuar de Manuel Nájera De Ferrari podría infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575. En términos sencillos, se investiga una falta al principio de probidad administrativa, que prohíbe a un funcionario público utilizar su cargo, tiempo o influencias para obtener beneficios propios o para terceros ajenos a la función pública.

Reacción Política

La investigación se originó tras una denuncia del diputado Daniel Lilayu (UDI), integrante de la Comisión de Salud. Tras confirmarse los hallazgos de Contraloría, se espera que el sumario determine las responsabilidades administrativas y si estas gestiones contaron con la aprobación o instrucción directa de la exministra Aguilera.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de las influencias en el sistema público de salud, en un momento donde las listas de espera son una de las principales urgencias sociales del país.