Tras un extenso proceso judicial, el máximo tribunal confirmó la sanción de 700 UTM impuesta luego de una fiscalización de Sernapesca. La investigación logró acreditar tres infracciones graves a la Ley General de Pesca y Acuicultura que el tribunal consideró inaceptables para la sostenibilidad del ecosistema:

• Pesca "pirata": La embarcación capturaba especies que no figuraban en su Registro Pesquero Artesanal (RPA), vulnerando las cuotas de conservación.

• Apagón satelital: El dispositivo de posicionamiento (VMS) presentaba intermitencias sospechosas, incumpliendo la norma de emitir señal cada 15 minutos, lo que impedía rastrear su ubicación real.

• Obstrucción a la autoridad: El armador impidió físicamente que el personal de Sernapesca realizara el control a bordo, un hecho que la Corte calificó de máxima gravedad.

Respaldo al rol fiscalizador en la zona austral

La directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, valoró que la justicia ordinaria respalde la potestad del organismo técnico en zonas de difícil acceso como los canales del sur.

"Obstaculizar nuestra labor es un hecho grave y este fallo reafirma eso. Estas acciones generan una competencia desleal contra los miles de pescadores que sí cumplen con la normativa en la región", enfatizó Gallardo.

El impacto de las 700 UTM

La multa, que asciende exactamente a $48.922.300 pesos, busca tener un efecto disuasivo en toda la industria. Al estar el fallo "firme y ejecutoriado", el infractor no tiene más instancias de apelación y deberá pagar el monto total ante la Tesorería General de la República.

Para el sector pesquero local, esta sentencia reafirma que el uso de tecnología (como el GPS obligatorio) y la transparencia en el desembarque no son opcionales, sino pilares para evitar el colapso de recursos críticos como la centolla o el congrio en la zona austral.