La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (ANFUSEN) manifestó su profunda preocupación por el escenario que enfrenta el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), a raíz de decisiones adoptadas por el Gobierno, especialmente desde el Ministerio de Hacienda.

Según la organización sindical, el servicio atraviesa un “doble proceso crítico”. Por un lado, el ingreso al Congreso de un proyecto de ley que plantea eliminar la franquicia tributaria, principal mecanismo de financiamiento de la capacitación laboral en Chile. Por otro, un ajuste presupuestario que —afirman— supera ampliamente el 3% anunciado, impactando directamente en programas sociales, la intermediación laboral y la operatividad institucional.

Responsabilidad política

Desde ANFUSEN sostienen que estas medidas responden a definiciones políticas y no a situaciones inevitables. En ese sentido, apuntan al Ministerio de Hacienda como responsable de un ajuste fiscal que, aseguran, afecta de forma desproporcionada al SENCE.

Advierten que la reducción de recursos debilita una política pública clave para el empleo, con efectos directos en miles de personas a nivel nacional.

Efectos en programas y regiones

El gremio detalla que las medidas ya están generando consecuencias concretas, entre ellas:

• Disminución de programas de capacitación como FONCAP
• Reducción de recursos para intermediación laboral, incluyendo OMIL y plataformas
• Restricciones en subsidios al empleo
• Menor cobertura territorial, con especial impacto en regiones

“ La capacitación es una herramienta concreta de acceso al empleo y desarrollo en los territorios”, subrayan.

Impacto interno

A nivel institucional, ANFUSEN advierte un escenario de incertidumbre laboral, marcado por falta de claridad en funciones, restricciones en reemplazos y limitaciones en recursos humanos.

Asimismo, alertan sobre riesgos para la estabilidad laboral de los funcionarios, rechazando que el ajuste fiscal derive en precarización.

Postura y llamado

Frente a este escenario, la asociación plantea que la franquicia tributaria debe ser reformada, pero no eliminada, y que el ajuste presupuestario debe revisarse tanto en su magnitud como en su focalización.

Finalmente, hacen un llamado al Gobierno a asumir la responsabilidad de las decisiones, abrir espacios de diálogo con los trabajadores y frenar medidas que —a su juicio— debilitan una política pública estratégica.

“Lo que está en juego no es solo un servicio público, sino el acceso a la capacitación, el desarrollo territorial, la productividad y el empleo en regiones”, concluyeron desde la directiva nacional de ANFUSEN.