La fórmula de las gift cards para vestuario, una práctica extendida en diversas alcaldías para simplificar la logística, ha sido cuestionada en su médula por la Contraloría. El dictamen surge tras la presentación del concejal Vicente Martínez, quien acusó que este beneficio patrimonial se entregaba incluso a personal que ya contaba con ropa técnica, desvirtuando el concepto de "uniforme".

El problema de la "ropa común"

La CGR fue tajante: los municipios pueden entregar vestuario, pero solo si es un uniforme institucional. Esto implica que las prendas deben ser:

• Distintivas y similares: Que identifiquen al personal del municipio.

• De uso obligatorio: Durante toda la jornada laboral.

• Interés del servicio: No pueden ser consideradas un "regalo" o beneficio económico para el trabajador.

En el caso de Santiago, el catálogo incluía prendas como corbatas, chalecos, faldas y blazers tan genéricos que, según el oficio, “no reúnen las condiciones suficientes para configurarse como una vestimenta común”. Al ser ropa que cualquier ciudadano podría usar en su día a día, no pueden financiarse con fondos destinados a uniformes.

Grave falta de control y ahorro millonario

Otro punto crítico del informe es la nula trazabilidad del gasto. La Contraloría detectó que el municipio no tenía cómo comprobar si los funcionarios realmente compraban ropa de trabajo o utilizaban el saldo en otros rubros. Esta falta de control fue calificada como una situación de "completa gravedad".

Según el concejal Martínez, corregir esta irregularidad permitiría al municipio de Santiago un ahorro estimado de $600 millones anuales.

Descuentos por paralización

El dictamen también abordó la protesta del 28 de mayo de 2025, donde funcionarios paralizaron sus labores por más de tres horas en el frontis del Palacio Consistorial. La CGR recordó que la adhesión voluntaria a paros ilegales no justifica la inasistencia, por lo que el municipio tiene la obligación legal de descontar el tiempo no trabajado de las remuneraciones de los involucrados.