Un fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha generado un fuerte debate jurídico al confirmar que una mujer condenada por el asesinato de su esposo, un suboficial mayor (R) del Ejército, tiene derecho a recibir su pensión de montepío. La mujer cumple actualmente una pena de 20 años de cárcel por el crimen ocurrido en 2012.

El éxito de la demanda civil, liderada por el abogado Marcos Ibacache, se basó en que ni el Fisco ni familiares directos solicitaron a tiempo la "indignidad para suceder". Al no existir esta declaración judicial, la calidad de viuda y beneficiaria de la pensión se mantuvo vigente bajo la normativa legal vigente.

El fallo obliga al Estado a pagar los montos retenidos desde el año 2017 a la fecha, lo que suma una cifra superior a los 200 millones de pesos. Además, la mujer recibirá de forma vitalicia cerca de 2 millones de pesos mensuales.