El crecimiento de la litigiosidad contra el aparato estatal ha sido progresivo y sostenido, alcanzando su punto máximo en el período reciente. Mientras que entre 2014 y 2017 se registraron poco más de 11 mil causas, el período actual (2022-2026) cerró con 26.343 demandas, lo que refleja una ciudadanía y entidades privadas cada vez más activas en tribunales frente al Estado.

¿Por qué demanda la gente al Estado?

El Consejo de Defensa del Estado identifica varios factores clave que explican este fenómeno:

• Derechos Humanos: Tras consolidarse la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la imprescriptibilidad de acciones civiles por violaciones a los DD.HH. (1973-1990), el volumen de juicios ha crecido exponencialmente.

• Fallas en Servicios Críticos: Las negligencias médicas en el sistema de Salud y los conflictos derivados de grandes obras de infraestructura (MOP) encabezan las reclamaciones.

• Contratos y Expropiaciones: Disputas con proveedores del Estado y reclamaciones por el valor de terrenos expropiados para uso público.

Impacto en el presupuesto nacional

En términos financieros, la administración de Gabriel Boric ha tenido que gestionar los pagos más altos de la década, sumando $457 mil millones. Esta cifra supera lo pagado por los gobiernos de Bachelet II y Piñera II juntos, evidenciando un costo creciente por sentencias que el Fisco no ha logrado evitar o transar por menores montos.

Actualmente, 19 mil causas permanecen en tramitación, la mayoría en tribunales civiles, lo que proyecta que el desembolso estatal seguirá bajo presión durante los próximos años.