La industria de la cobranza en Chile ha recuperado una de sus herramientas más efectivas de contacto. La Corte Suprema acogió los recursos presentados por la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero A.G., dejando sin efecto la obligación de usar números específicos para la gestión de morosidad. Según el gremio, estos contactos tienen un fin administrativo y de regularización de pagos, por lo que no deben ser etiquetados bajo la misma categoría que las promociones comerciales o el spam.

El argumento de la justicia

El fallo del máximo tribunal fue tajante al señalar que la cobranza extrajudicial no es un "servicio complementario" ni una comunicación masiva de marketing. Por el contrario, la Suprema definió este acto como una comunicación privada y directa entre un acreedor y un deudor específico. Bajo esta lógica, no corresponde que el Estado exija un prefijo que predispone al usuario a no contestar la llamada.

Impacto en los usuarios y las empresas

La normativa que comenzó a regir en agosto de 2025 fue una respuesta a la creciente molestia ciudadana por el acoso telefónico. Al identificar los números con el 600 u 809, los ciudadanos podían decidir ignorar la llamada antes de atender.

Sin embargo, las empresas del retail advirtieron que esta transparencia generó un grave perjuicio en la recuperación de créditos, ya que la tasa de respuesta cayó drásticamente. Con el nuevo cambio normativo publicado por Subtel, las empresas podrán volver a llamar desde números fijos o móviles convencionales, dificultando nuevamente que el receptor sepa, de antemano, que se trata de una gestión de cobro.