Una profunda crisis económica, productiva y ambiental mantiene en estado de alerta máxima a las estancias de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Una jauría de perros asilvestrados provocó una sangrienta matanza que dejó un saldo de aproximadamente 60 ovejas madres preñadas muertas en diversos predios rurales de la comuna de Porvenir. El ataque encendió la indignación del sector agropecuario debido a la falta de herramientas de control y a la inacción de las autoridades locales frente a un problema que amenaza la sustentabilidad del tejido ganadero austral.

El desolador panorama fue descubierto en los campos periféricos de los sectores de Bahía Chilota y la Laguna de los Cisnes, en la capital provincial de Tierra del Fuego. Las pérdidas impactan directamente en el corazón del ciclo reproductivo ovino, destruyendo el patrimonio de familias ganaderas medianas y pequeñas en este miércoles 17 de junio de 2026.

La crítica de Asogama: Una ley centralista sin financiamiento local

Frente a la gravedad de los acontecimientos, la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) alzó la voz para manifestar el descontento técnico y el desamparo legal que sufren los productores en las zonas rurales.

El presidente de Asogama, Gerardo Otzen, apuntó de forma directa a las falencias estructurales del marco normativo nacional, específicamente a la Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (conocida popularmente como "Ley Cholito"):

“Como gremio, creemos firmemente que el problema de fondo radica en que el Estado de Chile ha impulsado y dictado normativas de tenencia responsable sin dotar a los municipios ni a los organismos fiscalizadores de los recursos técnicos y financieros necesarios para su correcta aplicación en el territorio. En la práctica del mundo rural, esto ha significado que los costos económicos y las consecuencias de la inacción fiscal terminen siendo asumidos en su totalidad por los productores. Somos nosotros quienes vemos afectados nuestros animales, nuestro patrimonio familiar y nuestra fuente de trabajo diario sin tener ninguna herramienta legal para defendernos”, afirmó Otzen.

Las cifras del SAG: Perros superan a los depredadores nativos

Para dimensionar la magnitud de la catástrofe que representan las jaurías asilvestradas en la pampa, Asogama expuso los registros históricos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) recopilados en la Región de Magallanes:

•  Historial de Ataques: Entre los años 2012 y 2025 se ingresaron un total de 170 denuncias formales por ataques de carnívoros al ganado doméstico en la región.

•  El Principal Culpable: En el 72% de los casos denunciados se identificó científicamente a perros (domésticos, vagos o asilvestrados) como los responsables directos, superando con creces los ataques de depredadores nativos como el puma o el zorro.

•  Masa Ganadera Afectada: Sobre un universo total de 4.950 animales muertos o heridos en dicho periodo, el 82% de los daños letales correspondió a ataques ocasionados por caninos asilvestrados.

Ofensiva judicial contra el Estado por falta de servicio

La reciente muerte de las decenas de ovejas preñadas en Porvenir colmó la paciencia del sector técnico. Desde Asogama confirmaron su respaldo político, corporativo y logístico total a las acciones judiciales que los productores ovinos del sector costero de Porvenir han decidido interponer en contra del Estado de Chile por falta de servicio y desamparo patrimonial.

Los ganaderos argumentan que se encuentran atados de manos por el propio ordenamiento jurídico: “Carecemos por completo de atribuciones legales para actuar o intervenir sobre esta problemática debido a las protecciones de la ley de mascotas, pero enfrentamos permanentemente sus consecuencias letales”, recalcaron desde el gremio.

Asimismo, los productores recordaron que el impacto de estos perros no se limita a las ovejas, sino que genera un daño ecológico severo sobre la fauna silvestre de la Patagonia, atacando nidos de caiquenes, guanacos y especies protegidas en las reservas naturales. El gremio concluyó exigiendo al Gobierno nacional y regional el diseño urgente de un plan de captura, retiro y control efectivo de caninos en las zonas rurales antes de que el daño a la matriz ovina sea irreversible.