El Tribunal de Garantía de Punta Arenas decretó la prisión preventiva de N.A.P.D., imputado por múltiples delitos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) contra su expareja. El sujeto fue formalizado por siete hechos delictivos ocurridos en 2025 y quedó tras las rejas tras ingresar con cuatro órdenes de detención pendientes por eludir sistemáticamente a la justicia.
La investigación detalla una serie de agresiones físicas, amenazas de muerte y desacatos a órdenes previas de alejamiento. Aunque la defensa expuso una supuesta retractación de la afectada, el tribunal aplicó perspectiva de género para rechazar el argumento, determinando que la mujer actuó presionada por la vulnerabilidad económica y la necesidad de mantener a su hijo lactante.
El fiscal Oliver Rammsy fundamentó la necesidad de la máxima cautelar debido al grave riesgo que el agresor representa para la víctima y su entorno familiar, detallando que posee ocho causas vigentes por agresiones a la misma persona.
Al respecto, Rammsy declaró de manera tajante: "Cualquier mujer tiene derecho a vivir en un medio libre de cualquier tipo de amenaza o sufrimiento".
Asimismo, la autoridad advirtió sobre el peligro latente hacia los parientes de la afectada, puntualizando textualmente que el agresor "lleva más de un año molestándola. Eh, también amenazó a su padre, agredió a su hermano, o sea, hay una serie de otras personas vinculadas a este tema". El tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación del caso.