Lo que comenzó como una fiscalización por el incumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones mutó rápidamente en una de las crisis políticas y judiciales más complejas del último tiempo en la zona austral. La clausura oficial del inmueble ubicado en la intersección de Avenida Jorge Alessandri con calle 21 de Mayo, dictada por la Municipalidad de Punta Arenas, desnudó una trama de presuntas irregularidades financieras y triangulaciones de dinero que hoy mantiene bajo la lupa de la Fiscalía al Gobernador Regional, Jorge Flies Añón.

La propiedad, habilitada de emergencia por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) para operar como residencia de menores, fue sellada de forma definitiva por las autoridades locales, tras vencerse de forma impostergable todas las prórrogas legales de regularización.

Muros cortafuego e intervenciones sin permiso municipal

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue enfático en señalar que el municipio actuó apegado estrictamente al estado de derecho, descartando presiones políticas: "La ley de construcción es una sola para todas las obras que se ejecutan en nuestro país, tanto privadas como públicas. Después de otorgar una generosa ampliación de plazo de 70 días, lo único que hicimos como administración fue cumplir la ley; por eso el recinto hoy está clausurado”, argumentó.

Sin embargo, el informe técnico de la Dirección de Obras Municipales (DOM) arrojó deficiencias estructurales que ponían en riesgo la integridad de los adolescentes:

El Reporte de la DOM: El director de las obras de la comuna, Alex Saldivia, detalló que el servicio público realizó un traslado masivo e irregular de personas hacia una vivienda particular que no contaba con el cambio de destino habitacional ni las normativas exigidas para un hogar de menores. “Hay un muro cortafuego que era una exigencia fundamental de seguridad que no se construyó, y se detectaron muchos arreglos e intervenciones críticas dentro de la casa que no contaban con ningún tipo de permiso de edificación”, advirtió Saldivia, añadiendo que si el Estado desea recuperar el uso del espacio, primero debe solicitar autorizaciones especiales para alzamientos parciales de los sellos de clausura.

La respuesta de Mejor Niñez ante la evacuación

A través de una declaración pública oficial, la dirección regional del servicio Mejor Niñez intentó bajar el perfil al procedimiento, aclarando que al momento de la clausura el recinto ya no mantenía residentes en su interior. La entidad precisó que el pasado sábado 13 de junio se procedió al traslado preventivo de la totalidad de las niñas y niños de regreso al inmueble donde funcionaba originalmente la residencia.

Según argumentó el organismo de protección de la infancia, las obras de acondicionamiento definitivas del inmueble de Avenida Alessandri debieron ser suspendidas de forma excepcional con el objetivo de priorizar los recursos asistenciales derivados de un reciente incendio. La entidad recalcó que el uso de la cuestionada propiedad “se trataba de una medida de carácter provisorio, adoptada con el único objetivo de resguardar la continuidad de la atención de los usuarios”.

El trasfondo penal: Trato directo, un juez y la esposa del Gobernador

Pese a las justificaciones técnicas de la habitabilidad, el hito de la clausura reactivó la arista penal que tramita el Ministerio Público respecto a la compra de la casa, una adquisición realizada con platas fiscales a través de un trato directo visado por el Gobierno Regional (Gore) de Magallanes. El vendedor del inmueble fue identificado como el juez tributario Sergio Vera.

El consejero regional (CORE), Rodolfo Arecheta, reaccionó con total dureza ante este nuevo antecedente, lanzando graves acusaciones de corrupción en contra de la administración del gobernador Jorge Flies:

Cuestionamiento Político: “Con la clausura de este edificio queda fehacientemente demostrado ante la opinión pública que la finalidad prioritaria de estas compras de miles de millones nunca fueron los niños vulnerables de la región, sino que la consecución de negocios espurios a costa de las arcas fiscales”, fustigó el consejero Arecheta.

El representante del CORE recordó que, hace pocas semanas, la Contraloría General de la República declaró ilegal la compra del inmueble, impugnando el hecho de que se realizara "a dedo" y sin licitación pública competitiva. Sin embargo, el nudo más polémico de la indagatoria penal apunta a una eventual triangulación de activos:

"La Contraloría cuestionó con fuerza que el juez tributario Sergio Vera —dueño original del inmueble clausurado—, solo días después de recibir el millonario pago del Gobierno Regional por esta vivienda, procedió a comprarle un inmueble privado a una sociedad comercial donde participaba de forma activa la esposa del gobernador Jorge Flies", denunció públicamente Arecheta, situando el caso en el centro de la pauta judicial de la Patagonia.