La Contraloría General de la República emitió un dictamen definitivo que reconfigura el panorama financiero y laboral de la educación pública en el sur de Chile. El organismo ratificó el Dictamen D11, estableciendo que el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEPM) solo debe pagar la asignación de zona legal determinada por el artículo 47 de la Ley N.º 21.109 y la bonificación de la Ley N.º 21.819.

Con esta resolución, el ente fiscalizador prohíbe taxativamente el doble pago por el mismo concepto. Esto significa que los millonarios bonos pactados de forma colectiva en 2021 entre sindicatos y corporaciones municipales no pueden ser financiados con el presupuesto propio del SLEPM.

El dictamen aclara que estos beneficios gremiales —que ascienden a unos 3.500 millones de pesos anuales— son de responsabilidad exclusiva de las municipalidades. Los montos se pagarán a través de una planilla complementaria que será financiada mediante retenciones directas al Fondo Común Municipal de las comunas involucradas, como Punta Arenas y Puerto Natales.

El punto más complejo y delicado de la resolución radica en que la Contraloría ordenó al SLEPM adoptar medidas urgentes para recuperar los pagos indebidos. Si se detecta que los trabajadores percibieron sumas duplicadas, el Servicio Local tendrá que actuar como entidad de cobranza para exigir el reintegro de las remuneraciones mal enteradas. Esta medida de restitución forzosa amenaza con romper las relaciones con los asistentes de la educación y los gremios docentes, quienes defienden los convenios colectivos como derechos adquiridos y ya prevén un escenario de alta tensión laboral en los colegios de la región.