Una repudiable maniobra de engaño económico y patrimonial que afectó directamente a dos adultos mayores de avanzada edad comenzó a ser tramitada ante la justicia local. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas albergó la audiencia de formalización de la investigación en contra de una mujer imputada por el Ministerio Público como autora del delito de estafa consumada, tras ser acusada de adueñarse de manera fraudulenta de la vivienda de sus suegros.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el organismo persecutor, el origen de la propiedad familiar se remonta al año 2008. En esa fecha, los dueños originales —los suegros de la imputada— traspasaron legalmente el inmueble a su hijo y a la nuera, bajo el compromiso y acuerdo explícito de que los padres de avanzada edad continuarían habitando la residencia de forma permanente.

El engaño notarial y el precio simulado de 18 millones

El vuelco delictual de la historia familiar ocurrió en agosto de 2012, momento en que la mujer urdió un calculado plan para desplazar los derechos de propiedad a su exclusivo beneficio personal. Utilizando la confianza familiar y la vulnerabilidad de las víctimas, trasladó a sus suegros hasta las dependencias de una notaría local bajo el falso pretexto de que debían estampar su firma en un supuesto contrato de arriendo, documento que presuntamente era necesario para un trámite laboral.

Sin embargo, el papel que firmaron los ancianos era totalmente distinto:

La Maniobra: La imputada les hizo firmar una escritura pública de compraventa, donde figuraba un monto simulado de 18 millones de pesos por el traspaso total de la casa, dinero que, según acreditó la Fiscalía, jamás fue pagado a los propietarios originales.

El fraude residencial se mantuvo oculto y en la más completa impunidad durante una década, quedando al descubierto recién en el año 2022. Tras el sensible fallecimiento del suegro de la imputada, la viuda en conjunto con su hijo iniciaron las gestiones legales para tramitar la respectiva posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil. Fue en esa instancia donde se percataron con sorpresa de que la propiedad ya no formaba parte del patrimonio familiar, estando inscrita formalmente a nombre exclusivo de la nuera.

Plazo de cierre y prohibición de enajenar el inmueble

Al término de la audiencia de cargos, la fiscal Johana Irribarra detalló las implicancias del perjuicio patrimonial infligido a este núcleo familiar de la comuna:

"Estamos frente a una dinámica donde la imputada se habría apropiado y habría comprado de mala forma un inmueble determinado, perjudicando directamente a los herederos legítimos y a los propietarios históricos del mismo de forma completamente engañada", precisó la persecutora.

Aceptando los argumentos jurídicos del Ministerio Público, la magistrada del Juzgado de Garantía decretó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación penal. De igual manera, el tribunal accedió a aplicar una medida cautelar real sobre la propiedad bajo litigio —como la prohibición de celebrar actos y contratos— con el fin de evitar que la imputada intente vender, transferir o hipotecar la vivienda familiar mientras se resuelve el juicio en su contra.