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Kast lidera firma acuerdo para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria

politica
18/06/2026 a las 10:33
Periodista Web 1
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La iniciativa estratégica une formalmente las capacidades técnicas, financieras y de gestión de los ministerios de Justicia, Seguridad Pública y Obras Públicas. El convenio, sellado en el Complejo Penitenciario de Colina, busca combatir con urgencia el hacinamiento, la sobrepoblación y el deterioro carcelario en el país. El Ministerio de Obras Públicas tomará el control de las licitaciones bajo el modelo de concesiones, proyectando obras desde Alto Hospicio hasta Puerto Montt con miras a atraer inversión internacional.

En un paso político y logístico considerado neurálgico para reestructurar la seguridad interior y robustecer el control del Estado sobre las bandas delictuales transnacionales, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó el acto oficial de firma del Acuerdo Marco de Cooperación para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. La alianza estratégica amarra los esfuerzos institucionales de tres carteras clave con el objetivo perentorio de expandir la capacidad del sistema carcelario nacional y asfixiar la operatividad interna de las organizaciones criminales en este miércoles 17 de junio de 2026.

La ceremonia de rúbrica se llevó a cabo de forma presencial en las instalaciones del Complejo Penitenciario de Colina y convocó en primera línea al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y al biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

Concesiones y segregación de internos: El nuevo estándar

El convenio intersectorial está diseñado específicamente para destrabar los nudos burocráticos y agilizar la construcción de nuevos establecimientos carcelarios, la ampliación de los recintos ya existentes y la relicitación de diversos complejos a lo largo del territorio nacional. Para lograrlo, la administración central inyectará al sistema la experiencia técnica, legal y operativa de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), replicando modelos de financiamiento público-privado de alta eficiencia.

Esta ofensiva de infraestructura forma parte del pilar estratégico del Ejecutivo para revertir los diagnósticos críticos que arrastra el sistema carcelario chileno: la sobrepoblación estructural, el hacinamiento en módulos de alta complejidad, el desgaste material de las plantas físicas y la imperiosa necesidad de contar con tecnologías que permitan una adecuada y estricta segregación de los reclusos según su nivel de peligrosidad.

División de funciones y promoción en el extranjero

El Acuerdo Marco define con precisión matemática el rol de cada estamento gubernamental para garantizar la celeridad de las obras:

  •  Justicia y Seguridad Pública (Entidades Mandantes): Actuarán de forma coordinada para asegurar el financiamiento presupuestario de los proyectos, liderar la gestión y adquisición de terrenos fiscales, tramitar las aprobaciones regulatorias ambientales y aportar los requerimientos técnicos y de seguridad interna de cada penal.

  •  Ministerio de Obras Públicas (Entidad Ejecutora): El MOP asumirá la tuición absoluta de los procesos de licitación pública y concesión, además de realizar el seguimiento de ingeniería técnica y el control financiero de las iniciativas durante sus fases de edificación.

La ambiciosa cartera considerada en el acuerdo abarca un despliegue federal con proyectos prioritarios en comunas y regiones de alta tasa delictiva, incluyendo Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Maule, Ñuble, Los Ángeles, Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt, entre otros puntos estratégicos.

Con el fin de asegurar el éxito financiero y la rapidez de las obras, la hoja de ruta del Gobierno contempla además una campaña de promoción internacional de esta cartera de proyectos. El objetivo consiste en salir a los mercados globales para atraer a consorcios y nuevos inversionistas extranjeros, ampliando la competencia en los futuros procesos de concesión carcelaria y asegurando un uso óptimo y transparente de las arcas fiscales frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país.


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