Tras varias jornadas de un absoluto hermetismo institucional y la acumulación de severos cuestionamientos políticos por la seguridad de las fronteras, el Ministerio de Relaciones Exteriores rompió el silencio. La Cancillería emitió una escueta pero categórica declaración pública, donde abordó de forma oficial la drástica remoción y la situación judicial que pesa sobre el ahora excónsul de Chile en Haití, Rafael du Monceau, quien se encuentra bajo el foco de una indagatoria penal por presuntos actos de corrupción ejecutados en el Caribe.

La tardía respuesta de la cartera de relaciones exteriores se materializó tras las insistentes y reiteradas consultas periodísticas de Radio Bío Bío, medio que desde el pasado martes seguía la pista de un oculto sumario administrativo y una denuncia delictual por un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos y firmas en Puerto Príncipe. Dichos papeles notariales constituyen hoy piezas científicas clave dentro de las pesquisas que lidera la justicia por la desaparición y el tráfico de niños haitianos hacia territorio chileno.

Remoción del ministro de fe y entrega de antecedentes a la PDI

En el breve comunicado de prensa, el ministerio admitió que la gravedad de las métricas detectadas forzó la adopción de medidas disciplinarias radicales inmediatas:

El Comunicado de Cancillería: “Ante la detección de un registro inusualmente elevado e injustificado de legalizaciones de documentos en la misión, y con el objetivo de indagar eventuales irregularidades administrativas, se resolvió poner fin inmediato a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocar de forma total las facultades del ministro de fe pública encargado de dichas labores e instruir un sumario interno, el que actualmente se mantiene en curso”, detalló el estamento.

Asimismo, la secretaría de Estado indicó que todos los antecedentes de la auditoría fueron remitidos de oficio al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones (PDI), asegurando que desde que se destapó el fraude se ha prestado toda la colaboración necesaria para el éxito de los allanamientos. El documento agrega que, por instrucción expresa del Presidente de la República, José Antonio Kast, el canciller Francisco Pérez Mackenna mandató a la totalidad de las reparticiones diplomáticas a cooperar sin condiciones con los fiscales persecutores.

El "negocio" de las visas: Cobros indebidos a población vulnerable

Fuentes ligadas al alto escalafón diplomático explicaron de forma reservada que el sumario en contra de Rafael du Monceau —quien asumió el consulado en Haití en febrero de 2024— busca esclarecer un patrón de enriquecimiento ilícito detectado a mediados de 2025.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, la arista central de la corrupción apunta a que diversas personas habrían efectuado millonarios pagos informales en dinero en efectivo para agilizar trámites consulares que, por ley, son completamente gratuitos. En específico, las sospechas apuntan a cobros indebidos para obtener atención preferente en las filas del consulado o acelerar la entrega de certificaciones necesarias para abordar los vuelos con destino a Santiago. Todo ello, bajo el agravante de que la decisión final de otorgar visas o permisos de residencia correspondía legalmente al Servicio Nacional de Migraciones y no al criterio particular de la delegación de la Cancillería.

Las sospechas que busca despejar el fiscal administrativo son de máxima sensibilidad social, toda vez que involucran la explotación de ciudadanos caribeños atrapados en condiciones de extrema vulnerabilidad económica, hambre y violencia civil. El sumario deberá determinar si terceros intermediarios o el propio excónsul du Monceau se aprovecharon de la desesperación migratoria para armar un negocio ilegal con la fe pública del Estado chileno.

La prioridad del Gobierno: "Encontrar a los niños"

La crisis del consulado en Puerto Príncipe ya arrastraba alertas previas del sistema migratorio. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, reveló la existencia de un oficio confidencial emitido en 2025 en el cual se advertía a los ministerios sobre movimientos demográficos anómalos y flujos inusuales de menores de edad vinculados a las aerolíneas provenientes desde la isla.

En la misma línea, el actual director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, fue tajante al sostener públicamente que el país no cuenta con un cónsul presencial en Puerto Príncipe desde fines de 2025, confirmando la recepción de múltiples denuncias de ciudadanos extranjeros estafados en la tramitación de sus visados de reunificación familiar.

Frente al adverso escenario político, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, ratificó la veracidad del sumario de la Cancillería, pero formuló un enérgico llamado a las distintas bancadas parlamentarias a deponer los ataques cruzados en el Congreso:

Declaración de Interior: “La prioridad absoluta y el foco humano de este Gobierno en este minuto es encontrar a los niños haitianos cuyo rastro se perdió. Hacemos un llamado a dejar las disputas de trinchera política de lado; tanto el Ejecutivo como la PDI y las subsecretarías estamos trabajando día y noche junto a la Fiscalía para determinar el paradero de los menores y castigar a los culpables de estas irregularidades”, sentenció el jefe de gabinete Alvarado.