Una reforma estructural destinada a desactivar una bomba de tiempo financiera en el mercado regulado de la energía y estabilizar el costo de la vida de millones de hogares chilenos ingresó formalmente a la arena legislativa. El Ministerio de Energía ingresó este lunes 22 de junio de 2026 al Congreso Nacional el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica, una ambiciosa propuesta bautizada como “Ordenemos la cuenta“ que busca sanear una deuda histórica arrastrada con las empresas distribuidoras sin traspasar alzas inmediatas a las boletas de consumo residencial, hito abordado por las autoridades.

El pasivo financiero acumulado asciende a la cifra de US$ 800 millones. Este forado se originó principalmente por el severo retraso administrativo en la publicación de los decretos del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondientes al período 2020-2024, un proceso de fijación de precios que quedó largamente postergado en el país a raíz de las congelaciones tarifarias dictadas durante el estallido social y la crisis sanitaria de la pandemia.

El mandato presidencial y la ingeniería financiera para el 2028

La ministra de Energía, Ximena Rincón, detalló en una entrevista concedida a La Tercera que la resolución de este retraso tarifario formó parte de los compromisos medulares asumidos al tomar el control de la cartera bajo la actual administración del Palacio de La Moneda:

La Postura del Ministerio: “El mandato del Presidente José Antonio Kast fue sumamente claro y categórico desde el primer día: teníamos que ordenar de forma definitiva todo lo que dice relación con las cuentas de la luz en el país. Era impresentable para el sistema seguir manteniendo el nivel de atraso normativo y la deuda que arrastrábamos en esta materia. Debíamos ponernos al día con las certezas jurídicas de las empresas sin golpear el bolsillo de la clase media”, argumentó Rincón.

Para cumplir con esta promesa de no subir las cuentas de luz en el presente, el proyecto del Ejecutivo propone una ingeniosa fórmula de diferimiento: comenzar a amortizar el saldo pendiente a partir del 1 de enero de 2028. En esa fecha exacta, el sistema eléctrico experimentará una baja natural en sus costos de suministro, debido a la reducción programada del cargo MPC (Mecanismo de Protección al Cliente), un componente indexado a las boletas que pasará de los actuales $22 por kilowatt hora (vigente entre 2024 y 2027) a tan solo $9 por kilowatt hora (para el tramo 2028-2035).

Para financiar la deuda sin que la ciudadanía note un aumento respecto a lo que paga hoy, el Gobierno limitará parcialmente esa baja futura. En lugar de permitir que el cargo caiga a $9, se le sumarán $5 adicionales por concepto de pago de deuda, dejando el cobro fijo en $14 por kilowatt hora durante el periodo de amortización.

Licitación bancaria para pagar la deuda "de una vez"

La arquitectura de este rescate financiero replicará exactamente el mismo modelo de securitización y compra de activos utilizado anteriormente para sanear los compromisos con las grandes empresas generadoras de electricidad.

El plan requiere de la participación de un tercero institucional con espalda financiera que inyecte la liquidez de forma inmediata:

• El Mecanismo: Una corporación bancaria o multilateral comprará los saldos y le pagará a las compañías distribuidoras la totalidad de los US$ 800 millones de una sola vez, extinguiendo el fantasma del impago sectorial.

• El Retorno: Posteriormente, cada uno de los clientes regulados de Chile irá reembolsando este crédito en cuotas mensuales diferidas e invisibilizadas dentro de la tarifa atenuada desde el año 2028 hasta el 2035.

La ministra Ximena Rincón concluyó señalando que la entidad financiera que asumirá este rol se definirá mediante una licitación pública internacional de libre competencia, revelando que el Ministerio ya mantiene avanzadas conversaciones de prospección técnica con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), BancoEstado y Banco Santander, abriendo el apetito del mercado de capitales por participar del ordenamiento energético nacional.