Una llamada al fono Denuncia Seguro gatilló una investigación del OS7 de Carabineros en un inmueble de la calle Rómulo Correa, en Punta Arenas. Las indagatorias apuntaban a la comercialización de sustancias ilícitas bajo la modalidad de reparto a domicilio.

Respecto al desarrollo de las pesquisas, la fiscal Katerina Aranis detalló que se logró establecer que la imputada "realizaba conductas consistentes en ventas de droga, ya sea en su domicilio o mediante la modalidad delivery, desde hace aproximadamente un año a la fecha".

El arresto se concretó tras detectar una transacción en flagrancia. Al registrar la vivienda, y pese a los intentos de la mujer por destruir las pruebas, la policía incautó once gramos de cocaína, marihuana, dinero y balanzas digitales.

Debate por las medidas cautelares

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, la Defensoría Penal Pública se opuso a la gravedad del cargo. Al respecto, la abogada Krishna Santibáñez planteó que "no existen antecedentes que nos permitan establecer que estamos en presencia de un delito de tráfico, sino que más bien estamos ante el ilícito del artículo 4 de la misma ley, esto es, un tráfico en pequeñas cantidades", acusando desproporcionalidad por la baja cantidad de droga decomisada en la venta principal.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió los argumentos de la defensa y rechazó el ingreso de la mujer a la cárcel. La defensora Santibáñez confirmó que el tribunal decretó "medidas cautelares de menor intensidad, como es el arraigo regional y el arresto domiciliario parcial nocturno".

La libertad de la imputada quedó en suspenso luego de que la fiscal Aranis interpusiera una apelación verbal en la misma audiencia. "Se está a la espera de lo que va a dictaminar la Ilustrísima Corte", añadió la defensa. Será el tribunal de alzada el que defina en los próximos días la situación procesal de la detenida.