Un masivo y profundo operativo de la justicia penal orientada a desmantelar las mafias transnacionales que lucran con la vulnerabilidad infantil en los flujos migratorios golpea el corazón financiero de una red delictual. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ordenó el allanamiento de las oficinas de la empresa Ciarana Servicios Integrales SpA tras acreditarse su nexo financiero con una red de tráfico ilegal de niños y adolescentes de nacionalidad haitiana.

El despliegue de las unidades de élite en terreno se ejecutó de forma paralela a la obtención de la medida cautelar de prisión preventiva para dos de los principales líderes operativos de la banda en el Centro de Justicia de Santiago. El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, expuso ante el tribunal el crudo Modus Operandi de la organización, la cual se especializaba en la internación clandestina de niños y adolescentes: "El mecanismo consistía en el traslado de las víctimas, principalmente menores de edad, desde Haití hacia la República Dominicana, para de forma posterior coordinar y forzar su viaje irregular hacia Chile. Para asegurar la operación, se coordinaban cobros y pagos extorsivos que eran transferidos de forma directa desde la Región Metropolitana por parte de los propios familiares de las víctimas que ya residían en Santiago", detalló el persecutor.

El Informe 541 de Contraloría y el allanamiento en Quilicura

El origen de las pesquisas institucionales se remonta a las alertas rojas encendidas por la Contraloría General de la República en su informe de auditoría N° 541-2025, donde se denunció formalmente el presunto ingreso masivo e irregular de niños de origen caribeño al territorio nacional sin controles de filiación.

Con los antecedentes validados por la inteligencia policial, el fiscal Jacir encomendó a la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (Britrap) de la PDI el allanamiento y registro de las dependencias comerciales de la firma Ciarana Servicios Integrales SpA, ubicadas en la comuna de Quilicura. La orden de entrada intrusiva fue visada por el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, tras acreditarse que la firma funcionaba presuntamente como la fachada legal para la simulación y coordinación de los itinerarios aéreos y terrestres internacionales.

Triangulación bancaria por $800 millones y lavado de activos

De acuerdo con los informes policiales de análisis contable a los que accedió Emol, la PDI logró establecer una "conexión financiera concreta" que terminó por sepultar la defensa de los imputados. Los peritos de la Britrap detectaron un flujo sistemático de transferencias electrónicas de dinero hacia las cuentas corrientes de Ciarana SpA emitidas desde las cuentas de otra firma jurídica bajo la lupa: Cananeen SpA, entidad que centralizaba los cobros de las extorsiones por el tráfico de los migrantes.

La formalización de cargos detalló la magnitud económica del negocio ilícito operado por la red criminal en el país:

El Perfil del Desfalco: A través de este esquema de triangulación, la red de tráfico de personas logró recaudar y mover un patrimonio estimado en cerca de $800.000.000 (ochocientos millones de pesos). Sobre este punto, el fiscal Francisco Jacir abrió de forma paralela la arista penal por lavado de activos, imputando formalmente que la sociedad delictual "adquirió, poseyó, tuvo y usó dichos bienes con un evidente ánimo de lucro, habiendo conocido a cabalidad el origen espurio e ilícito de los dineros al momento de recibirlos en el sistema bancario", fustigó el jefe regional de la Centro Norte.

Durante el registro en Quilicura, los detectives de la PDI incautaron documentación contable, discos duros, contratos de transporte y listados con nombres de menores de edad, evidencias que serán periciadas científicamente para determinar si existen lazos con funcionarios públicos o agencias de aduana en las fronteras chilenas.