La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó por unanimidad la medida cautelar de prisión preventiva contra una asistente social investigada por intentar ingresar teléfonos celulares al Complejo Penitenciario de la ciudad.

El fallo de los ministros Marcos Kusanovic, Caroline Turner y Claudio Jara rechazó el recurso interpuesto por el abogado defensor José Agüero. La defensa pretendía modificar la cautelar bajo el argumento de que la mujer es una trabajadora externa licitada y no una funcionaria pública formal.

Sin embargo, el tribunal desestimó el argumento tras determinar que la calidad profesional y los antecedentes de la imputada no alteran los presupuestos procesales. Con esta resolución, los magistrados respaldaron el dictamen emitido el pasado 22 de junio por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

La indagatoria, dirigida por la fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, apunta a que la mujer mantenía un acuerdo económico con un interno de la cárcel para abastecerlo de dispositivos tecnológicos de forma periódica.

Peritajes realizados a transferencias bancarias y mensajes de WhatsApp detectaron estas operaciones previas a la detención de la profesional, ocurrida en mayo pasado. La fiscalía imputa a la asistente social los delitos de cohecho agravado reiterado e ingreso ilícito de elementos prohibidos a un recinto penal.

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