A tres años de dictarse la prohibición total de las operaciones salmoneras en mar abierto en Argentina, la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aprobó una nueva ley de acuicultura sostenible. La normativa reforma la ley provincial 1.355 con el objetivo de flexibilizar las restricciones a la salmonicultura en la zona austral transandina, abriendo la puerta a proyectos controlados. Tras estas modificaciones, un grupo de inversionistas chilenos se ha interiorizado en la zona para habilitar el cultivo de salmones, pero bajo un estricto modelo terrestre utilizando piscinas que aclimatan a las especies a hábitats similares al océano.
El proyecto contempla la construcción de una planta industrial en un predio de 80 hectáreas ubicado al norte de la ciudad de Río Grande. La iniciativa privada considera una inversión estimada en $12.500 millones de pesos argentinos y proyecta la generación de entre 200 y 250 empleos directos, cifra que podría expandirse hasta las 500 plazas laborales si se contabiliza la cadena de prestadores de servicios indirectos.
El empresario fueguino Osvaldo Romero, propietario del terreno donde se emplazarán las instalaciones, detalló que en el negocio participa un grupo de inversores originarios de Salta, Argentina, quienes sellaron una alianza estratégica con una empresa chilena —cuyo nombre se mantiene bajo reserva por acuerdos de confidencialidad— que cuenta con una dilatada trayectoria en la industria salmonera global.
Si bien las experiencias de cultivo 100% en tierra operan con éxito en países como Dinamarca y Estados Unidos, en el sur de Chile esta tecnología se ha implementado de forma mixta en comunas como Punta Arenas, Puerto Natales y en la Provincia de Tierra del Fuego. El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, analizó el escenario y precisó las razones geográficas de este modelo:
“El cultivo de salmón en tierra generalmente se realiza más cerca del mercado, porque es más costoso producir salmón 100% en tierra. Y por lo tanto, como es más caro, a los inversionistas les parece más razonable producir cerca del mercado para ahorrar ese costo de transporte”.
Odebret detalló que este mecanismo utiliza sistemas denominados Pisciculturas de Recirculación (RAS). Explicó que la práctica habitual en Chile implica que los peces pasen sus fases tempranas en tierra hasta alcanzar los 500 gramos, para luego ser trasladados a los centros de cultivo en el mar chileno, donde completan su engorda hasta los 5 kilogramos antes de su exportación. Al estar prohibido el uso del mar en Argentina, el proyecto en Río Grande deberá realizar el ciclo completo en tierra, lo que eleva la complejidad de operación:
Sistemas de filtración críticos: Requiere una infraestructura altamente compleja para el tratamiento del agua y la remoción eficaz de las heces de los peces.
Aclimatación química: Exige un control milimétrico de la temperatura y la salinidad para simular de forma artificial el agua marina.
Riesgo de mortalidad masiva: Al operar en circuitos cerrados, la falla de una sola variable (como una baja repentina en los niveles de oxígeno) pone en riesgo inmediato a la totalidad de la biomasa expuesta en la piscicultura.
Las diferencias de volumen entre ambos métodos de producción siguen siendo estructurales. De acuerdo con los datos entregados por el timonel del gremio magallánico, la piscicultura en tierra más grande registrada en el mundo produce actualmente cerca de 7.000 toneladas anuales, una cifra menor al compararse con las 150.000 toneladas que genera anualmente la Región de Magallanes mediante sus concesiones marítimas.
Ante este escenario de escalas totalmente distintas, Odebret concluyó que el objetivo final de los inversionistas que apuestan por el cultivo terrestre en mercados restrictivos no es competir en volumen, sino buscar nichos comerciales específicos y diferenciarse a través de un precio premium sustentado en la sustentabilidad de sus procesos de nicho.