Tres meses después de ocurrido el asalto a la estación de servicio Copec, de diagonal Don Bosco, las dos personas que permanecen en prisión preventiva fueron acusadas por la fiscal Alejandra Guevara del delito consumado de “robo con intimidación”. Para Gino Vitorio Johans Caballieri Ojeda Cerda y Guillermo Alberto Arias Orellana solicitan que cada uno sea condenado a 10 años de presidio.
Los antisociales llegaron la madrugada del 10 de septiembre a la bomba, alrededor de las 5.00 horas. En ese momento estaba de turno Mario Paillacar, quien fue abruptamente encarado por los asaltantes. Uno de ellos, Gino Ojeda, extrajo de su ropa un objeto muy similar a un arma de fuego, tipo pistola, con la cual amenazó e intimidó al trabajador, señalándole que le entregara todo el dinero que tuviera porque si no lo mataría. En esos momentos, según los antecedentes que investigó la fiscal y que forman parte de la acusación que presentó, intervino Arias, quien con malos tratos y un actuar violento insistía en la entrega de dinero. A su colega de fechorías le insistía que matara al bombero si no entregaba la plata. Frente a este escenario, con un arma enfrente, la víctima entregó a los delincuentes la recaudación que hasta ese momento no eran más que 40 mil pesos. Luego los sujetos huyeron del lugar, y uno trató de abordar un taxi que en esos instantes ingresó al servicentro, pero el conductor escapó al ver que andaba armado. Inmediatamente esta persona dio aviso por radio a sus colegas y unas cuadras más adelante uno de los delincuentes se subió a otro taxi y le dijo al chofer “sácame de aquí”. Como el conductor tenía la descripción de los delincuentes tomó al sujeto y lo llevó directamente a calle Waldo Seguel, donde se encuentra la Prefectura de Carabineros y siempre hay un funcionario de guardia.
Importante fue la colaboración que prestaron otros conductores de vehículos de alquiler, que por radio fueron alertados por sus colegas del asalto.
La fiscal Guevara pide que Gino Ojeda Cerda y Guillermo Arias Orellana sean condenados a 10 años de cárcel cada uno. También para Ojeda Cerda solicita una pena adicional de 540 días de presidio por el delito de amenazas simples.