El parlamentario explicó que “si se está exigiendo a los profesores entregar una enseñanza de calidad, es indispensable que éstos puedan tener más atribuciones para mantener la disciplina y el orden en las aulas, lo cual fortalecerá la educación de nuestros niños”. Explicó que “los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”.
Tal indicación señala que “revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pidiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado; y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento”.
Parte de la iniciativa manifiesta que “la base de la indisciplina es el debilitamiento de la autoridad docente fundada en sus pilares tradicionales: el monopolio del conocimiento (obviamente, ya no radicado sólo en la escuela); el respeto al adulto, entendido como la diferencia de edad entre adultos y niños; y el docente como modelo de rol y testimonio de vida”.
Agrega que “la segunda mirada es que las condiciones en educación han cambiado. Simplemente, en los últimos años y para los nuevos estudiantes, la clase es aburrida porque "no hace sentido" ni se conecta con los intereses que los moverían a prestar atención y a otorgarle credibilidad al docente”.
Dice que “pero junto con este cambio en las condiciones de interacción en la clase, hay otros elementos que aparecen a simple observación: hay un creciente abandono de toda norma disciplinaria en el aula, como se aprecia en prácticas tales como el comer en la sala, escuchar música o hablar por teléfono, botar papeles o desperdicios en cualquier lugar, rayar los pupitres, robar a los compañeros o romper los materiales y equipos existentes en el colegio.

Es decir, parte del cambio de condiciones para la enseñanza en el aula tiene que ver con la percepción de impunidad que parecen experimentar los alumnos, percepción que los autorizaría a comportarse como lo deseen sin ponderar consecuencias disciplinarias, y simplemente porque la experiencia les muestra que no las habrá. Es bastante evidente que estas condiciones son generadas por la propia institución escolar. Es decir, por la administración y los mismos docentes que toleran y/o posibilitan la continuidad de estas conductas.

Sin embargo, hay una tendencia a sobreproteger al estudiante y a dudar a priori del docente al momento de un conflicto. O sea, los docentes son conscientes que no cuentan siempre con el respaldo de los directivos y administradores, así como de los padres y apoderados. Ello porque el alumno, en un esquema de libre elección y competencia, es un cliente y virtual portador de recursos que son recibidos a través de la subvención estatal o pago de la mensualidad.

Así visto, el aumento de las agresiones contra docentes es en parte una consecuencia de la lógica clientelar en el sistema escolar. Pero hay que ser cautos con esto porque el número de docentes efectivamente agredidos es marginal en comparación con el total que trabaja en establecimientos subvencionados. Si el régimen de subvenciones fuera una causa relevante del bullying docente, el número de afectados podría ser mayor.

La violencia tiene efecto sobre la calidad de la enseñanza y sobre el desarrollo académico, y además la «atmósfera violenta» de la escuela afecta el ejercicio profesional del equipo técnico-pedagógico.

Ese ambiente influye en la percepción que los alumnos tienen del espacio físico de la escuela, lo que modifica la idea que se hacen de la administración escolar, y también en sus impresiones sobre los propios colegas. Un ambiente escolar hostil perjudica las relaciones entre las personas que componen la escuela (profesores y alumnos, profesores y administración, entre alumnos, y de alumnos y administración).

Según diversos estudios, la violencia es uno de los factores que más pesa en la baja calidad de la enseñanza y del desempeño escolar. También repercute sobre otros factores, como el uso del horario lectivo, pues cuanto más frecuente la violencia, mayor será el esfuerzo en su combate, menor el tiempo que los profesores tendrán para concentrarse en sus actividades didácticas y menor lo que supone su éxito en términos de continuidad de estudios y asistencia a clases.

En promedio, se tiene que la hora lectiva en aula, se pierde al menos un 15% del tiempo en la tarea de poner orden inicial y durante el desarrollo de la clase. Durante el año entonces, se pierde una gran cantidad de horas que finalmente determina la menor cobertura en el cumplimiento de los programas de estudio.
En la última Encuesta de Violencia en el Ambito Escolar, del Ministerio del Interior, durante el año 2007, se estableció que un 14,9% de los docentes declaró haber sido agredido en el establecimiento, durante el año. Igualmente, un 11,1% de los asistentes de la educación igualmente declaró haber sufrido agresiones.
El problema, en la medida que se circunscribe a los establecimientos municipales, aumenta en su significancia, con un 18% de los casos contra docentes y asistentes.
Durante el pasado mes de octubre, el Colegio de Profesores de Chile denunció tres nuevos casos de violencia y agresiones contra maestros, situaciones que han ocurrido durante las últimas semanas en la región metropolitana, en las comunas de Melipilla, El Bosque y Cerro Navia. Las cifras entregadas por el Magisterio Nacional, dan cuenta de una alarmante situación, pues son entre 2 y 3 denuncias semanales que llegan hasta el Departamento Jurídico del Colegio de Profesores.