Notifican cargos contra funcionarios municipales por buses amarillos

General
30/12/2010 a las 20:20
La pesadilla continúa. La internación de los buses amarillos desde Estados Unidos por parte del Departamento de Educación Municipal (DEM) de Puerto Montt no deja tranquilos a los funcionarios de la Municipalidad que tuvieron alguna relación con este proceso. Ahora es Contraloría la que está perseverando en el caso.
El organismo notificó a funcionarios municipales -extraoficialmente se habla de un número entre 9 y 13 personas de los cargos que está formulando en su contra por faltas administrativas.
Contraloría lleva adelante un sumario desde que el primer semestre, un grupo de concejales de Punta Arenas le solicitó investigar presuntas irregularidades en el proceso.
Entre los funcionarios que fueron notificados, se encuentra el alcalde Rabindranath Quinteros; Dante Sigoña, encargado de Transportes de la Municipalidad; y Rodolfo Lazo, asesor jurídico del Departamento de Educación Municipal. También estaría el jefe del DEM, Luis Peroti, quien no habría sido notificado aún por estar con permiso administrativo.
A este grupo, que en el primer informe de Contraloría también era nombrado, se agregaron otros que no aparecieron al inicio de la investigación, pero que podrían tener responsabilidad administrativa por una condición de jerarquía.
El alcalde Quinteros confirmó que fueron notificados del proceso; sin embargo, no quedó para nada conforme con la forma en que se realizó el trámite, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad.
“Me parece bastante poco criterioso que te notifiquen el 24 de diciembre. No sé qué ganaban porque podrían haberlo hecho el lunes (ayer), pero no importa, cada cual actúa como corresponde”, dijo el alcalde.
Más allá de la forma, el edil reiteró que está tranquilo, puesto que “hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido Aduana. No hay ningún delito, si lo hubiera, estaríamos en los tribunales. Estamos muy tranquilos”.
Sin embargo, este sumario -según se explicó- busca determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos y es independiente de cualquier otra acción jurisdiccional, como fue el cierre del caso penal que llevó adelante el Servicio Nacional de Aduanas.

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