
Así lo afirmaron ayer fuentes cercanas a la intendencia, quienes subrayaron que “se está trabajando en eso” y que los antecedentes preliminares que se manejan buscan propiciar la mayor representatividad posible a la instancia que se estableció para dar una solución definitiva al problema que existe en torno a la tarifa del gas en Magallanes.
En primer lugar, se señaló que en vistas de que es un proyecto de ley que tiene que quedar resuelto en diez meses (fines de septiembre de este año), se le debe dar la máxima celeridad por lo que la idea es facilitar las herramientas y el espacio para que el “diálogo fluya”, posteriormente llegar a un consenso y “sacar” la proposición lo antes posible de la mesa para que ingrese al Parlamento.
Se tiene en carpeta contemplar entre seis u ocho reuniones en el período que se estipuló, con un máximo de 12 integrantes, que es la cifra indicada que estiman los expertos para este tipo de encuentros. Asimismo, se dijo que quienes se sentarán a debatir y aportar sobre la temática será la “parte técnica” aportada por el Gobierno en representación de los Ministerios de Energía y Minería y sus respectivas seremías y la “parte política” que jugará su rol con las demandas de la comunidad a cargo de los dirigentes ciudadanos de la Asamblea y demás fuerzas vivas, que no quita, según comentaron desde “La Moneda Chica”, la capacidad técnica que también podrán aportar esas figuras. Quienes lideran la instancia, en tanto, será el biministro Golborne y la intendenta Kusanovic.
La idea es que se produzca un equilibrio entre ambos conceptos, para que no se caiga en errores de manejo, como tanto se criticó a raíz del conflicto.
Tampoco se descartó la posibilidad de, una vez que esté la ley, se siga trabajando ampliamente en abordar la diversificación de la matriz energética regional con los diferentes actores que será una materia paralela en las sesiones.
Lo cierto es que, “la mesa no se va a detener, porque fue un compromiso”, sostienen, que, en caso de alguna ausencia por motivos de fuerza mayor, se le va a poder pedir al asistente, sea el caso de los parlamentarios o los alcaldes, que nomine a una persona en su representación.
En lo que respecta a las grandes empresas involucradas como ENAP, Gasco y Methanex, las mismas fuentes indicaron que se les cursará una invitación para que sólo expongan la postura que tienen frente al problema, debido a que “no pueden ser juez y parte” en la discusión, dado que se podría caer en poner sobre la mesa “intereses empresariales”.
Por último, trascendió que participaría activamente de la instancia alguna autoridad central del Ministerio de Hacienda, puesto que “hay mucho que decir en torno a lo que a este ramo le compete por los subsidios y los precios del gas que, en caso que se decida que ya no debieran estar en manos de la ENAP, esta cartera lo debiera resolver”.