Debido a las declaraciones realizadas por diversos dirigentes de agrupaciones de Derechos Humanos, relativas a la futura licitación del inmueble fiscal ubicado en avenida Colon Nº 636, en donde existiría la posibilidad de habilitar un Museo de los Derechos Humanos. El secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Alfonso Roux, dijo que la voluntad ministerial es clara respecto a este tema. En este sentido, la autoridad señaló: “La voluntad del Presidente de la República y de nuestro Gobierno, ha sido siempre la promoción y respeto irrestricto de los Derechos Humanos de todos los habitantes de la República”.
Agregó: “Es en esta línea que, en un primer momento, y debido al precario estado de conservación en que se encuentra el inmueble fiscal, se pensó en la posibilidad de llamar a licitación pública para concesionar la administración y evitar así la posibilidad de perder un lugar de connotación de la historia regional. Sin embargo, y a raíz de conversaciones entre la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y el edil de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, se barajó la posibilidad de entregar el inmueble en concesión a la Municipalidad de Punta Arenas para su administración, previa presentación de un proyecto serio, que diga relación con los Derechos Humanos”.
“Es por ello – continuó- que en estos momentos nos encontramos a la espera del proyecto de inversión y desarrollo que debe enviar el alcalde para ver la factibilidad de proceder a la concesión del inmueble. De no presentarse proyecto alguno por la alcaldía, existiría la posibilidad de realizar un llamado a presentarse y postular a una licitación pública y transparente en donde sean acogidas todas las propuestas necesarias para poder desarrollar de mejor manera posible la educación y la formación de la sociedad toda, respecto de un tema de gran trascendencia nacional, enmarcado en la política de Derechos Humanos impulsada por el Presidente de la República”.
En efecto, Alfonso Roux remarcó que “como representante regional del Ministerio de Bienes Nacionales, es nuestro deber propender de la mejor manera posible a la administración y conservación del patrimonio fiscal, el cual pertenece a todos los chilenos, lo que nos obliga como ministerio a la mantención de los bienes inmuebles fiscales que sean parte de la conciencia histórica nacional, para que podamos educar a las generaciones futuras acerca de la importancia del respeto y promoción de los Derechos Humanos”.