El concejal José Saldivia explicó ayer que el pronunciamiento de la Fiscalía respecto de la investigación de la llegada de los buses amarillos a la comuna, donde señaló que “la causa se encuentra terminada con Archivo Provisional de fecha 4 de noviembre de 2010”, no significa que el procedimiento esté concluido y que no existan responsabilidades penales.
Según lo manifestó el representante comunal, al haber concretado la denuncia junto a sus pares Roberto Sahr, Vicente Karelovic y José Aguilante, en la Contraloría Regional, para que ésta realizara las pericias que dilucidaran si existe o no conformidad en las diligencias efectuadas para traer los vehículos a Punta Arenas, la fiscalía “no puede realizar la misma investigación paralelamente, por eso la cerró de forma momentánea, hasta que el organismo fiscalizador termine todas las pesquisas”, afirmó.
Una vez que se recojan las respuestas del municipio ante las observaciones emitidas por la Contraloría Regional, la que asegura que los buses fueron comprados y no donados por una entidad estadounidense, que se pagaron US$ 110.000 sin una clara justificación, entre otras faltas, el entidad podrá derivar, si se detecta delito, los casos a la fiscalía, quien deberá retomar las investigaciones.
“La Contraloría es la que tiene que calibrar si hay delito y en base a aquello la fiscalía volverá a actuar”, agregó Saldivia, quien advirtió que existen recursos públicos utilizados “que no están claros y que en Puerto Montt la fiscalía está investigando”.
Actualmente, la Municipalidad de Punta Arenas está a la espera de la respuesta de la Contraloría General, puesto que el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo se jugó su última carta y viajó a Santiago para defender su postura, luego de que el organismo local confirmara que los buses fueron comprados y un sin número de observaciones respecto de los procesos que llevó adelante el municipio para obtener los vehículos.