Tanto detractores como defensores del proyecto Mina Invierno tuvieron la oportunidad de pronunciarse en la instancia que valoró las ganas de trabajo y compromiso de la Minera Isla Riesco, para cumplir con las normativas de mitigación ambiental en ese territorio, lo que habría gatillado finalmente su aprobación. Bajo las atentas miradas de las decenas de asistentes al salón Nelda Panicucci de la Intendencia, en su mayoría detractores, se llevó a cabo ayer, a partir de las 15.00 horas, la votación para dar la venia ambiental al polémico proyecto carbonífero de Minera Isla Risco, denominado Mina Invierno, que finalmente fue aprobado, tras las exposiciones de los diversos entes involucrados, de forma unánime por los diez integrantes de la Comisión Evaluadora Medio Ambiental presidida por la intendenta Liliana Kusanovic y conformada por la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Karina Bastidas, y siete secretarios regionales ministeriales.
La decisión, que echó por tierra la esperanza de los ambientalistas del Frente de Defensa Ecológico Austral, la Organización Comunitaria para el Desarrollo Sustentable de la comuna de Río Verde y Alerta Isla Riesco de ver inalterado ese territorio, se concretará, de esta forma, en la autorización que la empresa requería para poner en marcha la construcción del proyecto minero que tendrá una inversión total cercana a los
US$ 180 millones y que, generará, en una primera etapa, cerca de 700 empleos para la fase inicial de operación, de los cuales -al menos- el 80% serán ocupados por trabajadores y profesionales de Magallanes, según ya había planteado el gerente general de la compañía, Jorge Pedrals.
Sin embargo, los grupos detractores están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con el objeto de detener el avance de la Minera Isla Riesco por la vía judicial que incluirá, de acuerdo con lo planteado por el ganadero Gregor Stipicic, dos mecanismos: el primero, relacionado con un recurso de reclamación al que tienen derecho los observantes del proceso de la Participación Ciudadana (PAC), 15 días hábiles post aprobación del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) del proyecto ante un consejo de ministros a nivel central que eventualmente podrían “botar” la determinación tomada por la comisión y; segundo, el estudio jurídico que efectuarán con el abogado ambientalista Fernando Dougnac para poder presentar algún mecanismo legal que demuestre que el EIA de Mina Invierno no es un buen proyecto.
Con esto, se dio término al proceso de tramitación de Evaluación Ambiental de la iniciativa privada que comenzó en enero de 2010, período en el cual se generaron tres informes consolidados y se dio respuesta a las más 800 consultas recibidas, incluidas aquellas de la PAC.
Detalles
Tuvo que esperar alrededor de una hora la votación del proyecto que tenía a un público ansioso y expectante por saber qué es lo que sucedería con las posturas de sus integrantes, ya que por reglamento, primero expondrían en detalle acerca del plan, la minera, a cargo de su gerente general, Jorge Pedrals, y el SEA, sobre el proceso de Participación Ciudadana a cargo de Doris Sandoval.
Aunque ya la mayoría de los opositores daba por resuelto el asunto acusando la presión del propio Mandatario Sebastián Piñera a la comisión y los servicios para direccionar su aprobación, a raíz del anuncio presidencial de incluirlo en el Plan Magallanes, hicieron la petición al organismo de permitir pronunciar su posición y así jugarse su última carta antes de la “inminente” venia ambiental.
El turno fue primero de Pedrals, quien se refirió a los alcances generales del proyecto en Isla Riesco, enfatizando en los beneficios económicos y sociales que traerá Mina Invierno con altos estándares de mitigación y cuidado ambiental de la zona, pese a ser una mina a cielo abierto.
Valoró, en este sentido, los criterios del diseño del plan, que además, fue y corroborado por un experto de la Universidad Católica que citó, “está a años luz de la experiencia de Peckett”, punto donde precisamente hizo una comparación de la planificación minera de ambos proyectos considerando esta nueva iniciativa menos nociva que la ya instalada Peckett, puesto que no se habría utilizado la severidad de la normativa ambiental que en este caso se cursó a la empresa de Copec y Ultramar, que tendrá que recuperar el 85% de la superficie a la cual adicionarán 120 hectáreas más, según anunció el ejecutivo.
“La comunidad debe estar tranquila pues el proyecto se llevará a cabo con altos estándares ambientales, equivalentes a los que esta industria aplica en países desarrollados y en estricto apego a las normativas. Esta iniciativa considera un sistema de rajo móvil y la rehabilitación progresiva de las áreas intervenidas, además de la creación de un área de compensación en la que desarrollarán programas ambientales asociados con la relocalización de especies, mejoramiento de hábitat en cauces y mejoramiento de la cobertura de bosque. En relación con este último programa, ya se cuenta con el invernadero más moderno de la Patagonia, con más de 200.000 plantas de lenga creciendo”, indicó además.
Pero con sólidos argumentos retrucaron también desde la vereda detractora, que, incluso con un poco de sensibilidad, enfocaron su exposición en mostrar fotografías sobre los bellos parajes del territorio magallánico para luego, con la tesis de un estudio defectuoso con graves errores y omisiones respecto a algunas temáticas, dar paso al reparo que más tiene preocupados a los ambientalistas: el modelo utilizado para calcular los índices de promedio del viento para medir la dispersión del polvillo del carbón en el entorno, que “estaría absolutamente errado”.
El climatólogo Nicolás Butorovic, fue quien hizo esta breve exposición, asegurando que como científico no podía aceptar que la base de datos sólo se rectificara, porque el error de promediar 39,8 km por hora como racha máxima de viento para casi un período de tres años de estudio, invalidaba todo el modelo debiendo haberse cambiado por uno totalmente nuevo.
Prueba que no fue suficiente, porque tanto los seremis de Obras Públicas (que también dio su voto como subrogante de Transportes), Vivienda, Agricultura, Salud (s), Economía, Medio Ambiente, Energía y Minería, como la intendenta y Bastidas del SEA, votaron unánimemente a favor de Mina Invierno en medio del repudio de los manifestantes que de inmediato comenzaron a gritar consignas como “vendidos”o “asquerosos Piñeristas” a los miembros de la Comisión. Gregor Stipicic, en tanto, decepcionado comentó: “Este es un quiebre a la historia regional, se ha cometido un tremendo error que es nada más que por culpa de la enorme presión del nivel central”.
A la salida del acalorado encuentro, la primera autoridad regional, Liliana Kusanovic, manifestó, en claro respaldo a la iniciativa: “De esta forma establecemos un parámetro para Magallanes de desarrollo económico sustentable, en el cual estamos haciendo crecer económicamente la región, cuidando el medio ambiente y con la equidad social que corresponde. Creo que la legislación nos deja claras las normas que este proyecto tiene que cumplir. Son normas ambientales exigentes y por eso estamos tranquilos y convencidos que hemos hecho lo mejor para Magallanes”.
La confusión que generó la nueva institucionalidad
La antigua Corporación Nacional de Medio Ambiente (Conama) pasó a ser Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cuando la nueva institucionalidad de esta cartera, es decir, del Ministerio del Medio Ambiente, comenzó a regir en octubre del año pasado.
Con ello, el reglamento de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) también se modificó no siendo aún aplicado a la práctica, pero que esta vez pudo ser subsanado con el proceso legal establecido por la contraloría general de la república que indica que cuando comienza la nueva ley, comienza la nueva estructura de la mesa de evaluación, es decir, la Comisión de Evaluación Medioambiental, que era desconocida por la mayoría de los asistentes, algunos llegando a sospechar la propia conformación de la instancia que contó con dos votos de un mismo seremi, en este caso Pablo Rendoll (OO.PP.) que subroga a Gustavo Faraldo de Transportes, siendo también cuestionada la ausencia de los seremis titulares de salud, Isabel Iduya y agricultura, Manuel Bitsch.