
De acuerdo a la acusación fiscal, el año 2007 Araneda, en su calidad de ejecutivo y gerente comercial de la empresa de capacitación “Decapro, y fundado en sus conocimientos en materias de capacitación, propuso a la dueña de la empresa “Sermac”, hacerse cargo de la capacitación de guardias de seguridad, manifestándole en todo momento que él asumiría las gestiones pertinentes, por su experiencia en el rubro.
Así fue que presentó un proyecto al Sence, para obtener la bonificación por costos de formación y enseñanza. Con avisos promovió cursos gratuitos de guardia de seguridad y lo contratos que le hacía firmar a la gente eran falsos, “por cuanto dichos aprendices nunca laboraron efectivamente para la empresa, como tampoco recibieron remuneración alguna de parte de ésta, aparentando el imputado con dichos contratos que en realidad existía una relación laboral”.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en esta causa.