A poco más de un año de que cinco concejales de la comuna de Timaukel denunciaran ante la Contraloría Regional posibles irregularidades en la gestión del alcalde de la comuna, Atilio Gallardo, el organismo abrió un juicio de cuentas y ordena al edil la devolución de 76 millones de pesos, porque no fue capaz de comprobar los gastos que realizó.
Margarita Mayorga, Facundo Hernández, Luis Barría, Nibaldo Andrade y Dalmiro Guineo, estaban preocupados por el entonces escenario económico del municipio, y lamentaban el hermetismo del edil cuando le consultaban por el destino de los dineros en las sesiones de concejo. Cuando vieron que no tenían acceso a ningún tipo de información y que el escenario no iba a cambiar, decidieron presentar una denuncia a la Contraloría General de la República, donde señalaron las irregularidades que a esa fecha, habría estado cometiendo el alcalde.
Entre otras materias denunciaron “irregularidades en diversos procesos de licitación y adjudicación”, en Contratos de asesoría del Plan de Educación y Gestión Asociativa sin que el Concejo Municipal lo aprobara, adjudicaciones a empresas sin determinación clara del objeto del contrato, irregularidades en la asignación de becas, uso indebido de vehículos municipales y el nombramiento ilegal de un funcionario.

Contraloría

Concluidos todos los procesos previos, la contralora regional, (s), Verónica Orrego Ahumada, firmó la resolución mediante la cual formula reparos en contra del alcalde de Timaukel, Atilio Gallardo; del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Néstor Caro Pérez; del jefe de la Unidad de Control, Patricio Arteaga Zárate; y de los concejales Luis Barría Andrade, Nibaldo Andrade Macías y Margarita Mayorga Quelín, solicitando al tribunal de cuentas que “declare y haga efectiva la responsabilidad civil que les afecta en el pago de gastos improcedentes, contraviniendo la reglamentación vigente”.
La demanda se fundamenta “en el examen de cuentas efectuado por la Contraloría Regional a los egresos efectuados por la entidad edilicia para la adquisición de bienes y servicios durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2009 al 30 de abril de 2010”.

Almuerzo

Uno de los hechos más bullados y que originó la demanda es un almuerzo con autoridades en Puerto Yartou por siete millones de pesos. La contraloría estableció que el alcalde no justificó el gasto porque pagó sin decreto alcaldicio y no hay comprobante. “De acuerdo a los antecedentes obtenidos en la auditoría, el servicio consistió en un almuerzo al que asistieron 17 personas. “Esto indica que el costo por persona es de $ 411.764”, concluyó la contraloría. La respuesta de Atilio Gallardo al preinforme de observaciones es que asistieron al evento 32 personas y no 17, y que la boleta de honorarios incluye también el servicio de desayunos entregados a los niños y apoderados para el cierre del año escolar. “Cabe señalar, que el municipio no proporciona antecedentes adicionales que acrediten que los servicios consistieron en la forma que señalan en su respuesta (la municipalidad)”, acota el organismo contralor.
Existen otros reparos, como servicios de cóctel y “coffe break” en reunión del CORE y el gobierno regional por más de seis millones de pesos. Hay un almuerzo, cenas y alojamiento por el aniversario de la comuna por cinco millones de pesos. Hay otro almuerzo, por actividades en villa Cameron por más de tres millones de pesos. Un almuerzo y servicios de alojamiento completo para educadoras y profesoras por casi tres millones de pesos.
La contraloría reparó que todos los servicios fueron adjudicados directamente a Miguelina Barría Álvarez, “la cual se realizó fuera del sistema de información www.mercadopublico.cl”
Figura otro almuerzo en Villa Cameron y Pampa Guanaco por tres millones 600 mil pesos. El servicio fue adjudicado a la misma mujer, “sin decreto alcaldicio”. La respuesta del municipio fue que “los gastos corresponden a gastos efectuados el 16 de septiembre de 2009 con motivo de las fiestas patrias”, y que en aquella oportunidad desfilaron 120 soldados del Regimiento Caupolicán, entre muchas otras autoridades y personas invitadas. La contraloría observó que el municipio no proporcionó antecedentes válidos “que permitan acreditar e identificar los gastos relacionados con la actividad de fiestas patrias pagados a Miguelina Barría”.

Compra en supermercado

En los antecedentes figuran muchísimos otros reparos al alcalde, como la contratación de varios servicios, gastos de transportes y compras de abarrotes en supermercados. Sobre esto último “no se pudo determinar su utilización en el municipio”.
En el examen de cuentas el alcalde Atilio Gallardo no pudo justificar gastos de alimentación, alojamiento, compras de supermercado, farmacias, atención dental y un examen sicológico, porque en esa época se encontraba en comisión de servicios, por lo que recibió viático, “no pudiendo determinarse el destino de los productos y servicios”.

Cumpleaños del alcalde

Otro gasto no justificado, por $ 1.391.150, es un servicio de alimentación contratado a Los Ganaderos. La Contraloría determinó que fue una contratación directa, sin decreto alcaldicio, no hay comprobante contable de egreso. Consultado el encargado de adquisiciones, Carlos Becerra, manifestó al organismo contralor que “la orden de compra corresponde a un evento con autoridades y que en aquella ocasión se aprovechó la instancia para celebrar el cumpleaños del alcalde, Atilio Gallardo”.
Por estos y muchos otros antecedentes la contraloría inicia un juicio de cuentas en contra de las personas inicialmente nombradas.
Uno de los concejales denunciantes, Facundo Hernández, expresó su satisfacción por lo que resolvió la Contraloría, que ordena el reintegro de $ 76 millones.