
Con esto, se refirieron a que “los supermercados no tenían una responsabilidad con todas estas personas que se desempeñan como empaquetadores, incluso se les cobra para poder trabajar, se les exige el pago de los uniformes, no tienen espacio para alimentarse, acceso a servicios higiénicos, entre otros abusos”.
La medida legal consiste, según Bianchi, en “nunca más pagar para poder trabajar y darles resguardos, como lo es contar con un seguro de vida y otros beneficios más”. En ese sentido, agregó que la relación no irá en desmedro de las becas para los estudiantes, ni de los beneficios en el caso de los discapacitados y adultos mayores o, afectar los puntajes de la ficha de protección social.