La presencia del subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Flores, en Punta Arenas, para difundir los alcances de la agenda social de Gobierno no fue suficiente para aplacar el descontento de los dirigentes sociales en torno al instrumento que permite identificar a las familias vulnerables del país y dotarlas de beneficios del Estado: la Ficha de Protección Social (FPS).
Esto, porque los diversos pobladores que asistieron al ejercicio ciudadano llevado a cabo ese día, más que centrarse en la discusión y resolución de dudas respecto a las reformas sociales que se expusieron como lo fueron el Bono Bodas de Oro, la Asignación Social, la rebaja gradual para el 7% de los jubilados y la extensión del Post Natal a seis meses, manifestaron reparos e interrogantes respecto de la Ficha de Protección Social que, de acuerdo coincidieron varios, estaría mal diseñada, pues los criterios por los que se rige no lo hace un instrumento equitativo para todas las regiones del país.
De hecho, el consenso que existe para muchos de los dirigentes sociales en la región de Magallanes, es que la FPS debiera ser diferenciada por “zonas”, es decir, un instrumento en particular para la región de Magallanes que como zona extrema hace prevalecer condiciones más difíciles de vida.
“Nosotros, como región, no podemos estar a la par de lo que es Santiago y el resto del país, no podemos, es imposible, porque ahí (encuentro con Subdere) planteamos la situación sobre la canasta familiar que no puede ser comparativa a la de la capital con esta región porque nosotros gastamos más, la vida aquí es muy cara y, en ese sentido, la Ficha de Protección Social no discrimina, que es algo que para nosotros, los adultos mayores, no tiene nombre”, sostuvo una de las dirigentes de la Unión Comunal del Adulto Mayor en Punta Arenas, Edith Díaz.
De la misma forma que su compañera de agrupación, el dirigente Jaime Riquelme, subrayó que el instrumento de medición no era satisfactorio, por la sencilla razón de que “no se puede implantar una Ficha de Protección Social en doce regiones totalmente diferentes”, a lo que agrega una agenda social deficitaria de beneficios que no se continuaron y que significaban una gran ayuda.
“Qué pasó con los bonos de invierno, los bonos de marzo que son sumamente requeridos”, se pregunta Riquelme preocupado, aseverando que la FPS no refleja las necesidades reales de la población del sur extremo austral.
Para el dirigente de la Junta de Vecinos General del Canto, Juan Saavedra, el problema tiene otra arista, que es la asignación de recursos por proyectos sociales.
A su juicio, en muchas ocasiones, las exigencias que impone la FPS para postular a proyectos Serviu, por ejemplo, “nos deja postergados”.
“La Ficha debiera ser más equitativa para que todos quienes lo necesiten puedan mejorar sus viviendas. Hemos estado más de ocho años reclamando eso, y espero que este Gobierno pueda reformular esta situación”, replicó.