Millonarias sumas de dinero arriesga la entidad edilicia local tras los procesos que se han debido seguir para investigar ciertas irregularidades. Hay algunos que estarían zanjados, como el caso de la demanda por $ 850 millones de la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda. que fue retirada en la semana. Hay quienes dicen que los desaciertos en la actual administración de la Municipalidad de Punta Arenas ya le comenzaron a pasar la cuenta al alcalde Vladimiro Mimica.
Sólo el martes recién pasado la entidad edilicia sufrió el duro revés de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, que publicó el fallo conforme lo había solicitado el edil para su pronunciamento respecto del dictamen del Tribunal de Contratación Pública (TCP) que dio el favor a la empresa Recotrans EIRL -uno de los oferentes en el proceso licitatorio- para que el contrato del servicio de recolección de basura en Punta Arenas adjudicado a Servitrans S.A., quedara nulo.
Y es que la máxima instancia en este tipo de causas, ratificó la sentencia del TCP obligando al municipio local, una vez que se dicte el cúmplase, a dejar sin efecto la relación contractual entre ambas partes, lo que derivará, consecuentemente, en resolver una nueva licitación con los mismos oferentes -exceptuando Servitrans- y, con ello, el pago de una millonaria suma por este contrato.
Un tremendo dolor de cabeza para Mimica y el Concejo que se suma a otras problemáticas, unas anteriores y otras posteriores, que eventualmente podrían ocurrir en virtud de la instalación de este complejo escenario.
De hecho, la licitación de la basura siempre fue polémica como en la mayoría de los municipios del país, sin embargo, los problemas judiciales a nivel local a raíz de esta materia comenzaron en 2009, cuando se rechazó en la sesión ordinaria Nº 35 del 23 de septiembre, la adjudicación del contrato del servicio a la Sociedad Comercial Mancilla y Asencio Ltda. que contaba con la mejor oferta económica en la licitación.
Esto llevó a que la empresa del aseo, presentara una demanda de impugnación ante el TCP acusando de ilegal y arbitrario el acuerdo del Concejo Municipal, denuncia que fue acogida “concediendo al afectado demandante de la causa el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que particularmente pudo haber sufrido”.
De esta forma, la Sociedad Mancilla y Asencio demandó por $ 850 millones al edil y seis concejales: Emilio Bocazzi, Roberto Sahr, José Aguilante, Claudia Barrientos, Antonio Ríspoli y Mario Pascual, que fueron quienes se opusieron a adjudicar el contrato, presionados por los trabajadores de la empresa que antes manejaba un integrante de la firma por denuncias de despidos masivos e irregularidades.
Luego vino el segundo llamado a licitación que terminó en el reciente fallo de la Corte de Apelaciones y por el cual el municipio se arriesga a que Servitrans siga una acción judicial por ponerle fin al contrato, es decir, pedir indemnizar por los años de servicio que le restan, lo que ascendería a más de $ 4 mil millones.

Buses Amarillos
Pero los errores en la gestión municipal, también abarcan otros ámbitos como el de la internación de los buses amarillos para escolares desde Estados Unidos, los cuales estuvieron sin funcionar en un principio por las suspicacias que generó los términos en los que se concretó la operación del convenio suscrito entre los alcaldes, Vladimiro Mimica y Rabindranath Quinteros, de Puerto Montt.
Al respecto, la Contraloría de la Región de Los Lagos emitió un informe en que determinó que los buses no habían sido donados- como se había dicho-, sino comprados, asunto que ingresó a investigación en la Fiscalía de Punta Arenas la que iba a determinar si Mimica sabía que se trataba de una compra y no de una donación, y si eso constituía o no un delito, no obstante, se archivó de forma provisoria el caso hasta la fecha. La transacción superaba los US$ 100.000.