La titular del Primer Juzgado de Letras, Claudia Arenas González, decretó "la no celebración de actos o contratos de bienes" de cuatro concejales y alcalde de Punta Arenas para garantizar el éxito de la millonaria indemnización de perjuicios que en breve repondrá la empresa de Mario Mancilla Oyarzún por la suma de $850 millones por el polémico contrato de la basura. La medida, por el momento, afecta a inmuebles de propiedad de Mario Pascual Prado, concejal PS, y de Emilio Boccazzi Campos, representante del PPD en la entidad edilicia. En la misma causa aparecen demandados el alcalde la ciudad, Vladimiro Mimica Cárcamo, y los concejales Claudia Barrientos, Roberto Sahr, José Aguilante y Antonio Ríspoli, pero ellos no figuran con bienes a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.