El juicio de cuentas contempla que las personas a las que se demuestra su negligencia en el uso de recursos, deben reparar el daño económico con dinero personal. Situación que podría enfrentar el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo y funcionarios municipales. Tras el pronunciamiento de la Contraloría General y la imposibilidad de la Municipalidad de Punta Arenas de comprobar el correcto pago del flete de los buses amarillos, el órgano fiscalizador iniciará un juicio de pago de cuentas para asegurar la devolución de los
US$ 110.000 que se cancelaron, pero sin justificación hasta ahora.
Este procedimiento no es desconocido en el sistema público, ya que es el camino utilizado cuando los estados financieros presentan discordancias. No obstante, generalmente, son materias menores las abordadas, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy con el municipio de la comuna.
Lo que hará la Contraloría Regional, cumpliendo con lo señalado en el informe elaborado en 2010, y que fue ratificado por la entidad nacional, es que se iniciará una investigación para determinar si los funcionarios que participaron en el proceso de obtención de los buses tienen responsabilidad en el sobrepago, donde también está involucrado el propio alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo.
Cuando se conozca el resultado del juicio, las personas sindicadas como responsables, deberán cancelar con fondos propios los montos que determine la instancia judicial, sin embargo, el proceso puede tardar meses, ya que tras el pronunciamiento de la contraloría, los afectados pueden apelar a los tribunales ordinarios.
Ante esta situación, el alcalde Mimica, quien firmó el decreto de pago de los US$ 155.050 a la empresa Don Brown Bus Sales Inc., aseguró que realizará todas las gestiones necesarias, ya sean estas judiciales, para defender su postura, pues afirma que la Municipalidad de Puerto Montt fue quien gestionó la supuesta donación de los buses y sería quien debe responder por el pago de los $ 50 millones que no ha sido justificado.
No obstante, en el informe emanado de la Contraloría General, se reafirma que “fue la Municipalidad de Punta Arenas quien asumió, en el respectivo convenio, los costos del flete marítimo y terrestre, nacional y extranjero, por lo que correspondía a ese municipio, en calidad de organismo ejecutor del gasto, velar porque éste se ajustará a la normativa vigente, que contará con la documentación auténtica que justificará tales operaciones, que cumpliera con la finalidad para la cual destinaron los fondos y que acreditará el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito exigido por las leyes y reglamentos aplicables”.
Este juicio se suma a los otros tres que se están llevando a cabo en contra del municipio, incluyendo a algunos concejales, por el procedimiento que se llevó a cabo para la adjudicación del contrato de la basura, donde sumando los montos involucrados, se superan los mil millones posiblemente a pagar.
Concejo Municipal
En la sesión de ayer del Concejo Municipal, el pleno de los integrantes se refirió a los buses escolares, donde por unanimidad los ediles valoraron el servicio que prestan, sin embargo, Vicente Karelovic y Roberto Sahr fueron los más críticos con el proceso que se realizó para traerlos a la comuna.
Karelovic, rememorando su declaración de hace unas semanas: “en el municipio hay perfume a corrupción”, ayer ahondó su crítica y afirmó que todo se debe a un problema de administración, agregando que se “cometerá una terrible injusticia con los funcionarios que puedan ser obligados a pagar” los $ 50 millones, porque “van a pagar los platos rotos”.
Además, remató su intervención afirmando que son falsas las facturas que se manejan para comprobar el pago del flete por US$ 155.050, puesto que están en formato word y se pueden modificar al antojo de la persona que la posea.