El día de hoy el Consejo para la Transparencia reveló que fueron ocho los amparos presentados por el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna de Aysén y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén solicitando el pronunciamiento del proceso que aprobó el megaproyecto. Las consultas derivaban, principalmente, de denegaciones parciales de parte de los organismos del Estado. Las instituciones consultadas fueron la Gobernación de General Carrera, la Subsecretaría de Pesca, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Aysén, la Municipalidad de O´Higgins, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

De acuerdo a la respuesta del Consejo para la Transparencia, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) no sólo deben entregar la información solicitada por las organizaciones, sino que de “no existir dicho antecedente u otros, lo declare expresamente, informando de ello al solicitante y a este Consejo (…) Que, sin perjuicio de lo señalado en los considerandos anteriores, este Consejo hace presente su preocupación porque la CONAF afirme que la coordinación entre sus funcionarios se habría realizado informalmente, sin que se hayan levantado actas de sus reuniones de trabajo”.

En la mayoría de las presentaciones, el Consejo declara que “no pudo determinar la existencia de más información y rechazó los amparos”.

Eso sí, la instancia manifestó su “preocupación porque se afirmara la inexistencia de antecedentes preliminares que consignaran las deliberaciones e información recabada por cada Servicio para pronunciarse y, aplicando la parte final del art. 33 d) de la Ley de Transparencia, les requirió que, en lo sucesivo, dejasen constancia aunque sea mínima, del procedimiento empleado y de los antecedentes efectivamente tenidos a la vista por la autoridad al emitir pronunciamientos o adoptar decisiones, máxime tratándose de pronunciamientos sobre asuntos de alta relevancia pública como la evaluación del impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico”.

Las organizaciones ingresaron el reclamo debido a que consideraron que la información entregada era incompleta, ya que no se le remitieron los correos electrónicos y/o informes emitidos en forma previa y como antecedente de los pronunciamientos emitidos por cada organismo sobre el Proyecto Hidroeléctrico Aysén, señalándose que éstos se habían generado y discutido en reuniones informales y sin actas, de manera que el único documento existente era el pronunciamiento oficial, publicado en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental.

Por lo anterior, el Consejo para la Transparencia entregó distintas resoluciones a cada una de las presentaciones. En algunos se comprobó que existía información no entregada, como correos electrónicos, ordenándose su entrega (caso del SAG), o que existían indicios a partir de los cuales era posible presumir la existencia de documentación interna por lo que se requirió entregarla o declarar formal y expresamente que no existían (Conaf).

Fuente: www.eldinamo.cl