Los movimientos de la Asociación de Funcionarios Municipales

General
06/06/2011 a las 19:56
Novedades espera dar a conocer la Asociación de Funcionarios Municipales de Punta Arenas (Asemuchpa) durante esta semana respecto a cómo afrontarán un posible fallo adverso del juicio de cuentas que realizará la Contraloría Regional, ante el pago de $ 50 millones por parte del municipio, sin el respaldo formal que confirme la correcta cancelación.
En el caso que los resultados arrojados por el organismo fiscalizador señalen que los trabajadores, debido a las labores que cumplen, presentan de alguna forma responsabilidad en el desembolso injustificado hasta la fecha, ellos deberían cancelar con recursos personales el monto que se determine, hecho que la Asemuchpa rechaza categóricamente y que espera sea una postura compartida por el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo y por los concejales.
De hecho, el viernes pasado, era posible ver a la directiva haciendo gestiones para abordar el tema con las autoridades, a través de una reunión, donde el edil pudiera explicar los pasos que se seguirán para revertir la situación e, incluso, donde pudiera comprometerse a que los funcionarios no se verán perjudicados con el resultado que entregue el juicio de cuentas.
El presidente de la instancia, Jorge González, ha manifestado una posición firme en defensa de los trabajadores, asegurando que es un deber del edil resguardar a los funcionarios.

Injusticia

Los concejales que han criticado más duramente el procedimiento efectuado para traer los buses amarillos a la comuna, no así el servicio que prestan, son José Saldivia, Roberto Sahr y Vicente Karelovic, quienes han expresado en reiteradas oportunidades que no sería justo que los funcionarios de la municipalidad deban asumir la posible devolución de los dineros, puesto que ellos actúan bajo órdenes de superiores.
Por su parte, el alcalde Mimica sólo se ha referido a que se recurrirán a todas las alternativas para defender la acción cometida, incluso si estas son judiciales, no obstante, no ha manifestado directamente que más allá del resultado del juicio de cuentas, los funcionarios no se verán afectados laboral ni económicamente.

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