
La intención del edil es que esta última responda por los $ 50 millones que está cuestionando la Contraloría, puesto que no se ha podido justificar ese pago por el flete de los buses amarillos.
Consultado por la situación en que se encuentra la demanda, Mimica aseguró que desconoce lo acontecido, pero enfatizó que mantiene firme su intención de seguir adelante con la diligencia judicial y así dar respuesta a la observación del órgano fiscalizador.
Diario El Pingüino intentó conocer mayores antecedentes de parte del abogado patrocinador de la Municipalidad de Punta Arenas, no obstante, se negó a entregar nueva información que permita conocer el motivo que llevó al juzgado a no dar curso a la medida judicial.