El concejal José Saldivia (DC) desestima el éxito de la acción judicial y asegura que “no se podrá sacar ningún peso”. Pasan los días y los concejales que han criticado el proceso de adquisición de los buses amarillos mantienen su teoría respecto a que no fueron donados y estiman que la demanda interpuesta por el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo para exigir que la Municipalidad de Puerto Montt restituya de $ 50 millones cuestionados por la Contraloría, pierde sustento.
Para el representante comunal José Saldivia, esta es una estrategia para “ganar tiempo” y “no se podrá sacar ningún peso” como se pretende, puesto que el edil aceptó, al momento de firmar el convenio con su par de Puerto Montt, liberar a dicha municipalidad de cualquier responsabilidad en el caso de presentarse problemas: justamente lo que sucedió.
Además, en el documento se consigna, específicamente, que no se le podrá remitir culpa a la entidad de la Región de Los Lagos si existe algún pronunciamiento en contra por parte de Aduanas y de la Contraloría: el mismo organismo que hoy está llevando adelante un juicio de cuentas en contra de dos funcionarios del municipio local para lograr la restitución de los $ 50 millones que se pagaron, pero no han sido justificados.
Pero sumado a estos dos trabajadores, también se notificó al edil y al ex administrador municipal, Mauricio Torres, quien al igual que sus ex colegas está muy afectado, ha recibido múltiples muestras de apoyo ante lo acontecido y aún no define cómo enfrentará su defensa.
Este no es el único momento decisivo que le tocó enfrentar a Torres durante su paso por la municipalidad bajo la administración del alcalde Mimica, puesto que él tuvo que firmar el contrato con la empresa recolectora de basura, Servitrans, en calidad de edil (s). Proceso de adjudicación que fue calificado como ilegal y arbitrario por parte del Tribunal de la Contratación Pública (TCP) y que deberá ser realizado nuevamente, según el fallo del organismo.
A su vez, la información que entregó ayer el Poder Judicial, a través de su página web, respecto a la demanda, es que aún no ingresa a trámite, por lo tanto no habría iniciado su curso al interior del juzgado.
Sin embargo, para el alcalde, la demanda es prácticamente la única salida que le queda para cumplir con la exigencia de la Contraloría de devolver los $ 50 millones pagados por el flete de los buses amarillos: desembolso y decisión que no se ha podido explicar y que hasta el momento ha ensuciado la trayectoria de funcionarios que cumplieron con su trabajo y, según ellos, bajo la orden del edil.