
“Creemos que la Dirección del Trabajo se ha equivocado profundamente, pues frente a diversas interpretaciones posibles, que han dado lugar a dictámenes y fallos contradictorios de la propia DT y de la Corte Suprema, optó de oficio, sin mediar solicitud alguna, por aquélla más perjudicial para los trabajadores” – sostuvo Muñoz.
“La Dirección del Trabajo actúa en los hechos como mayordomo o capataz, pero en ningún caso con la obligación que le ley entrega, cual es velar y salvaguardar los derechos adquiridos legalmente por los trabajadores de nuestro país” – afirmó, por su parte, Escalona. El ex timonel del PS precisó que “al cambiar el criterio, la Dirección del Trabajo está afectando en una quinta parte, a lo menos, lo que van recibir los trabajadores en caso de despido, es decir es un hecho desafortunado, inexplicable, enteramente repudiable, y que va a directamente en beneficio de los malos empleadores, aquellos que despiden arbitrariamente de sus trabajadores, y por cierto que atenta profundamente en contra de cada trabajador y trabajadora de nuestro país”.
El legislador por Magallanes refutó, en tanto, los argumentos entregados por el organismo fiscalizador, manifestando que es absolutamente innecesaria la uniformidad de la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo con la de la Corte Suprema, en tanto los fallos de los tribunales tienen efecto relativo, circunscrito al juicio de que se traten. “La circunstancia de ser dictados en recursos de unificación de jurisprudencia no altera ese carácter” – recalcó el parlamentario.
Asimismo, el senador socialista señaló que el dictamen no se ajusta al principio de especialidad con que deben interpretarse las disposiciones del Código del Trabajo y por el cual, la norma del artículo 172, referida a las indemnizaciones por años de servicio y que resulta amplia y comprensiva de diversos ingresos que tengan carácter periódico, debiera primar sobre la definición contenida en el artículo 41 del mismo cuerpo legal.
La moción pretende entregar tanto a la Dirección del Trabajo como a los tribunales de justicia, una precisión legislativa en torno al sentido y alcance de estas disposiciones, evitando las contradicciones que se advierten. En caso que ésta fuera declarada inadmisible, los parlamentarios señalaron su voluntad de solicitar el patrocinio del Ejecutivo para corregir la situación planteada con el dictamen de la Dirección del Trabajo. “El Gobierno debe pronunciarse si le parece o no esta interpretación y sus efectos y, en caso de entenderla perjudicial, llamamos a la Ministra Evelyn Matthei a buscar las fórmulas administrativas o legales de enmendarla y reponer aquélla más favorable para los trabajadores” - culminaron manifestando.