
Argumentó que la iniciativa no requiere ser implementada por ley, pues el Presidente de la República cuenta con facultades constitucionales para indultar detenidos, pero aseveró que el Gobierno busca compartir con la oposición los costos de liberar a más de 6.000 detenidos. “El dato concreto es que mientras en los 20 años de gobiernos de la Concertación la población penal en el país aumentó de 22.000 a 53.000 reos, hoy se liberan de un plumazo casi el 10%, entre los que se cuentan condenados por cuasi homicidios por conducción en estado de ebriedad, por violencia intrafamiliar y por lesiones graves” – agregó.
El parlamentario socialista abordó el tema de fondo indicando que, en general, no rechaza una racionalización del sistema punitivo que reduzca la cantidad de personas que cumplen condenas en las cárceles. “Sabemos que se han ido incrementando excesivamente las sanciones para muchos delitos de baja peligrosidad, pero esperamos una revisión seria del catálogo de delitos y sus penas y no estas medidas apresuradas e inconsistentes que no abordan el tema de la seguridad pública en forma responsable” – indicó.
“Cuando al mismo tiempo que se liberan estos detenidos se anuncian aumentos de pena para delitos de escasa connotación social y que sólo resguardan intereses de privados, como el robo de cajeros automáticos, se implementan operativos de seguridad en barrios nocturnos que culminan con detenciones por ebriedad e infracciones menores, no se ve coherencia en la acción del Gobierno.” – sentenció.
El senador socialista culminó expresando su preocupación por el eventual traslado a las cárceles de la Región de condenados de mayor peligrosidad procedentes del centro del país. “Sabemos que se estudia reasignar a los penales de Punta Arenas y Natales detenidos de otras regiones en el marco de un plan para descongestionar las cárceles más hacinadas, lo que parece poco razonable y perjudicial para nuestra zona, lo que hemos hecho ver al Ministro de Justicia.”