Indagaciones y seguimientos le permitieron a la Brigada Antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI) detener en octubre del año pasado a Guillermo Carrillanca Valderas y Sebastián Yussef Vera, cuando ingresaban con droga a Punta Arenas. Ayer, ocho meses después, se cerró un capítulo importante de este caso, con la sentencia de cinco años de presidio efectivo que recibió Carrillanca. Anteriormente le correspondió el turno a Yussef, condenado a tres años, pero firmando.
Una de las declaraciones importantes en el juicio oral fue la del jefe de la Brigada Antidrogas, Héctor Valdés Farfán, quien reconoció que desde el 9 de octubre de 2010 venían siguiendo a dos individuos por tráfico de drogas. Por eso el 17 de octubre detienen a Carrillanca y Yussef en el kilómetro 32 de la Ruta 9 Norte, tenencia Kon Aiken. Estos sujetos salieron de Chile el 15 de octubre por el paso internacional Antonio Samoré, ingresando a la Argentina en un vehículo Hyundai, modelo Tiburón, propiedad de Carrillanca. Inicialmente la policía pensó que reingresarían a Chile por el paso Dorotea (Puerto Natales), porqué así lo habían hecho meses antes (en abril de 2010). Sin embargo, ingresaron el 17 de octubre por Monte Aymond. Valdés dijo que estando en la carretera vieron pasar a unos 150 kilómetros por hora el vehículo que guiaba Carrillanca, el cual fue controlado en la Tenencia Kon Aiken por alta velocidad. La PDI trabajó con el “can” detector de droga. El animal ingresó al vehículo y se quedó fijo entre la palanca de cambios y el tablero. Allí la policía encontró dos bloques con un kilo 120 gramos de marihuana paraguaya prensada. Uno de los bloques llevaba alojado un contenedor con cocaína (29 gramos).
En el proceso, “Tachuela” Yussef confirmó que ingresaron al país por Monte Aymond. Y que la droga la compraron en Caleta Olivia (Argentina). Primero la adosaron a los parlantes del móvil y posteriormente la cambiaron al tablero. Mientras que Carrillanca también colaboró con la investigación y aportó algunos antecedentes, como sindicar a un sujeto apodado “El Caja” en Argentina, como la persona a la que adquirieron la droga, a razón de $ 3 mil argentinos el kilo. Y renunciando a su derecho a guardar silencio admitió su participación en estos hechos.